Las partes negocian ahora un nuevo marco provisional para la distribución de vehículos mientras el Ejecutivo de Zapatero acelera la elaboración de otro escenario legislativo.
Tras el sobresalto inicial, la tajante reacción de los fabricantes, que amenazaron con boicotear el salón del Automóvil de Barcelona, a los que se adhirieron los sindicatos y las fuerzas políticas que habían promovido una norma a favor de los concesionarios, convierte en agua de borrajas la ‘guerra’ abierta en la distribución de vehículos
De no ser por la trascendencia que el asunto y sus derivadas tienen para la imagen de seriedad de España y sus sistemas legislativo y jurídico, podría decirse que el “affaire” de la aplicación del contrato de agencia a los concesionarios oficiales, de cara a su relación con los fabricantes de vehículos, a través de una enmienda a la Ley de Economía Sostenible ha tenido tintes de sainete. Aunque no les guste escucharlo, los fabricantes se habían dormido en sus laureles, por más que aseguren que el Partido Popular y CiU les habían prometido votar en contra de ésta.
Por eso, se vieron forzados a tomar el control de la situación reaccionando de manera tajante y amenazando con cancelar las inversiones en curso y futuras e incluso cerrar las fábricas españolas y trasladarlas a otros países más interesantes desde el punto de vista de coste laboral, al tiempo que lanzaban un torpedo directo a la línea de flotación de CiU en forma de posible boicot al Salón del Automóvil de Barcelona.
Así, los constructores de vehículos consiguieron que todas las partes implicadas se pusieran rápidamente del lado de quien tenía la sartén por el mango -los fabricantes- que recibieron de inmediato el apoyo de los sindicatos -preocupados por la repercusión de aquellas amenazas en el empleo y puede que también en el significativo número de liberados a los que da de comer la industria del automóvil- a los que se sumaron todas las fuerzas políticas que pocos días antes habían apoyado la dichosa enmienda mostrando su total disposición a hacer cuantos ‘chanchullos’ legales fueran necesarios para evitar que la disposición viera la luz.
En efecto, entra en el terreno del sainete la forma en que se ha conseguido evitar que la normativa vea la luz. Un primer descuido de los responsables de la redacción de la norma, que luego fue firmada y aprobada por los diputados, parecía haber mantenido en el texto la cláusula de que los concesionarios podían devolver a los fabricantes aquellos vehículos que no hubieran conseguido vender en el plazo de 60 días. Después, ya con el lío montado, se anunciaba desde el Congreso que un fallo informático había hecho desaparecer párrafos enteros del texto legal.
Finalmente, oposición y gobierno han acordado aprovechar la primera ley que se apruebe en el Congreso para colar una enmienda que anule la norma de la discordia. Y para poner la guinda en lo alto de semejante pastel, Competencia emite un documento desacreditando, muy a posteriori, la validez de lo establecido en la enmienda y llamando al orden a los congresistas- Lo cierto es que la actual situación podría resumirse en que las partes implicadas se van a sentar a negociar un marco legal provisional para las relaciones entre distribuidores de automóviles y fabricantes, mientras que alguien guardará en un arrinconado armario toda la documentación legal sobre la aplicación del contrato de agencia a los concesionarios de automóviles.
Entretanto, Industria se ha comprometido a elaborar en tres meses una nueva Ley de Distribución. Desde un punto de vista práctico, hay motivos para pensar que el inicialmente gran vencedor de la pugna entre fabricantes y concesionarios, Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto, la patronal de estos últimos, puede salir finalmente como gran perdedor y no sería extraño que sus enemigos, que los tiene dentro de la Federación, aprovecharan la coyuntura para iniciar un ataque con vistas a conseguir su relevo al frente de Facounauto.
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