La reciente presentación del estudio de la Fundación Francisco Corell sobre los efectos de la implantación del vehículo de 25,25 metros y 60 toneladas en España, al que se sumó posteriormente otro de la Fundación Cetmo, ha vuelto a reabrir el debate en torno a la utilización de estos conjuntos articulados, que permitirían aumentar la productividad y eficiencia del sector. A lo que habría que añadir la mejora medioambiental, al reducirse el número de camiones para transportar la misma carga, con la consiguiente reducción de emisiones contaminantes. El Gobierno, sin embargo, sigue mirando para otro lado y se aferra a la profunda división del sector como coartada para no dar pasos en esa dirección. El tema no es nuevo.
Ya en 2007 se presentó en sociedad este concepto modular encaminado a ayudar a los transportistas a maximizar sus cargas y, por tanto, como solución para desatascar las carreteras y contribuir al desarrollo sostenible. Empresas del sector, como Acotral, proveedor de transporte de Mercadona, reclamaron entonces a Fomento la realización de una prueba piloto para valorar su posible incorporación al mercado español, como ya se estaba haciendo en otros países europeos. Sin embargo, cinco años después, el proyecto sigue durmiendo el sueño de los justos. Está claro que la orografía y las infraestructuras españolas son el talón de Aquiles para dar ‘luz verde’ a la implantación de estos vehículos, aunque no se puede demorar por más tiempo el inicio de este camino, que redundará en un beneficio para la sociedad. Siempre habrá detractores, que se ponen la venda antes de la herida, pero ya va siendo hora de mirar al futuro.
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