España es una ‘rara avis’ dentro del conjunto del sistema portuario europeo a la hora de financiar las infraestructuras de diques de abrigo y muelles. Desde 1992 el sistema se ha basado en la autofinanciación, con el gran apoyo de los fondos europeos y el sector privado. No necesitamos inversión directa del Estado, salvo los varios cientos de millones que supondrá el litigio tarifario.
España ha basado su estrategia en trasladar el coste de la infraestructura al cliente final, algo que 18 años después nos sitúa como más caros en tasas que otros países europeos, cuya financiación viene mayoritariamente del sector público, pero más transparentes.
Quizás hoy va siendo hora de obtener, de acuerdo al nuevo marco legal, una mayor eficiencia por la infraestructura y más productividad, dentro de un sistema que tiene pendiente una deuda que superará los 4.100 millones de euros en 2011.
Debemos rentabilizar más y mejor las inversiones de la última década. Es tiempo de gestionar más y de construir menos. Las estructuras de las empresas públicas que gestionan los puertos, las autoridades portuarias, hay que reinventarlas.
No se pueden permitir ineficiencias y más con un sistema tarifario que busca la rentabilidad y que necesita de menos ingenieros y más gestores. El sistema no puede seguir soportando un futuro en el que los puertos que den beneficios sigan sosteniendo con sus resultados a los que pierdan dinero, bien porque no supieron invertir sus recursos o porque el mercado les giró la espalda por ineficientes. Quizás, a medio plazo, haya que ir pensando en evolucionar del modelo de landlord avanzado a un esquema de privatización parcial.
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