Si la Unión Europea rechazase finalmente financiar la obra, se cambiaría la asignación que ya tiene por la de otro proyecto incluido en los Presupuestos Generales del Estado.
Fomento asumirá el sobrecoste de la ampliación del puerto de Gijón para evitar un endeudamiento excesivo de la dársena. Así lo aseguró el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, que apuntó que si la UE rechazase financiar la obra, se cambiaría la asignación que ya tiene por la de otro proyecto con presupuesto del Estado
Los 135 millones de euros que el Gobierno solicitó a la Unión Europea para financiar el modificado de la ampliación del puerto de Gijón “ya los tiene España”. Ahora “es la aplicación de ese dinero lo que habrá que tramitar con Bruselas”. Así lo manifestó el presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, que apuntó que si la Unión Europea rechazara finalmente ese destino, el Ejecutivo cubriría el sobrecoste con una redefinición de las partidas. Navas asumió este trascendente compromiso durante la celebración, en Fomento de unas jornadas sobre “Los Puertos en el contexto de las Redes de Transporte Transeuropeas.
La importancia de los Fondos europeos para la cohesión territorial”. En ese contexto, aseguró que “hay dos posiciones: que se pueda aplicar a la ampliación del puerto de Gijón, o que no”. Según la primera opción estaría “todo resuelto”. Y si no fuera así, prosiguió, “esa cuantía se aplicaría a otra utilización que liberaría fondos que sí se podrían aplicar al puerto de Gijón”. En consecuencia, “la financiación está asegurada” y, además, sin provocar un endeudamiento excesivo que grave los resultados de la Autoridad Portuaria o, lo que es lo mismo, que merme su capacidad para aplicar tarifas competitivas.
Hasta ahora se sabía que la obra de ampliación de la dársena gijonesa no sería detenida por falta de fondos, no sólo porque así fue asegurado por activa y por pasiva por distintos responsables de Fomento y del Gobierno regional, sino también porque la actuación fue incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. La duda que persistía era cómo se financiarían los 135 millones pedidos a Europa si la denuncia de Los Verdes provocaba que no fueran concedidos. El asunto no es baladí. Por una parte, porque financiar esa suma trastoca cualquier economía; por otra, porque si la fórmula elegida por Puertos del Estado fuera permitir un endeudamiento a largo plazo de la Autoridad Portuaria de Gijón, la repercusión en las tarifas sería negativa.
Las empresas ya habían expresado su preocupación en ese sentido. A la hora de la verdad, el plan alternativo es tranquilizador desde una perspectiva asturiana y se fundamenta en que España ya tiene concedidos unos fondos de cohesión para el periodo 2007-2013, que incluyen el sobrecoste del puerto de Gijónl. Aunque la Unión Europea rechazase el modificado, la partida asignada a España no sería recortada. Conforme a lo manifestado por Mariano Navas, el Gobierno reasignaría esa cantidad, de acuerdo con la Unión Europea, a otra obra que tenga prevista financiación nacional y el dinero ‘liberado’ sería destinado a la ampliación del puerto de Gijón. De esa forma no se detendría ni perjudicaría otro proyecto, pues cada obra seguiría teniendo sus fondos, lo único que cambiaría sería la relación de actuaciones financiadas con fondos de cohesión.
En todo caso, que Europa acepte o no el modificado del enclave gijonés no es intrascendente. Desde el punto de vista político, porque la aceptación de la denuncia de Los Verdes supondría un varapalo innegable para la gestión de los fondos. Desde el punto de vista económico, porque difícilmente aceptaría el Banco Europeo de Inversiones aumentar su apoyo a una obra a la que la Comisión Europea vuelve la espalda y otros medios de financiación serían más caros.
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