Anesco y Coordinadora no modifican el texto y solicitan a Trabajo el registro del convenio.
La falta de diálogo del Ministerio de Fomento con la patronal Anesco y el sindicato Coordinadora para impedir la judicialización del negocio de la estiba ya tiene sus consecuencias. Patronal y sindicato han solicitado que se registre el IV Acuerdo Marco de Estiba, mientras Trabajo ya ha decidido enviar a la sala de lo social de la Audiencia Nacional el texto del convenio
Fomento ha dejado al negocio de la estiba en España a las puertas de la Audiencia Nacional. La falta de diálogo de Puertos del Estado con Anesco y Coordinadora con el objetivo de llegar a un acuerdo que impida la judicialización de la estiba en España han provocado que al final será un juez el que decida en primera instancia sobre la validez del acuerdo firmado hace un año por la patronal Anesco y los sindicatos Coordinadora, LAB y CIG.
El pasado 26 de mayo Trabajo emitía un segundo y último informe, al que ha tenido acceso este periódico, en relación a las contralegaciones enviadas por Anesco y Coordinadora al primer informe realizado por Trabajo sobre la legalidad del IV Acuerdo Marco, señalando que “no han desaparecido las causas que motivaron las objeciones en relación con la no posesión de representatividad real de los componentes de la mesa negociadora”, matizando que “ni el banco empresarial ni el social tienen representatividad real y no están facultados para establecer un ámbito del convenio que alcance a empresas no estibadoras y a trabajadores no estibadores”.
Trabajo vuelve a señalar que el IV Acuerdo “supone ampliar los ámbitos funcional y personal” superando ampliamente “los de la unidad de negociación en la que estarían legitimados para negociar”, tanto Anesco como los sindicatos, concluyendo que “las actividades que se recogen como constitutivas del servicio público o básico de estiba van más allá de los establecido al respecto en la Ley de Puertos 48/2003, pudiendo conculcar la legalidad vigente”.
Tras conocer el informe de Trabajo, Anesco, Coordinadora, LAB y CIG acordaron el pasado 12 de junio “ratificar el contenido del acuerdo suscrito, sin realizar mofificación o aclaración alguna sugerida por la Dirección General de Trabajo, remitiéndole escrito de contestación a la misma, al objeto de que proceda a resolver publicando el IV Acuerdo Marco, por considerar aclarados y modificados el texto del mismo en respuesta al requerimiento de 4 de diciembre de 2007”. Tras esta postura, Trabajo ha decidido enviar el convenio a la sala de lo social de la Audiencia Nacional para que dictamine sobre su legalidad.
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