Deberán invertir en medios técnicos, financiar accesos o reducir en un 20% sus tarifas máximas para obtener un plazo de 50 años.
Fomento no regalará años de concesión a los actuales terminalistas de los puertos españoles. Al menos es lo que viene a traducirse de las medidas contenidas en el Decreto Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicado el pasado 5 de julio en el Boletín Oficial del Estado. Son ‘duros requisitos’ afirmaba a TRANSPORTE XXI un importante concesionario con presencia en varios puertos españoles, matizando que “no va a quedar más remedio que acogernos a una de las posibilidades para lograr rentabilizar nuestras inversiones”.
Los concesionarios tienen ahora un plazo de seis meses, concretamente hasta el mes de enero de 2015, para formular una solicitud ante la Autoridad Portuaria en la que está asentada la concesión, debiendo contar con un informe favorable de Puertos del Estado. Esta solicitud debe ir acompañada de una memoria económico-financiera en la que se deberán incluir los compromisos de inversión, la contribución a la financiación de infraestructuras de conexión y de mejora de las redes de transporte o la rebaja de las tarifas máximas propuesta. Cualquiera de las medidas que tengan que adoptar los concesionarios “va a representar una inversión o un descenso en la facturación de los concesionarios” si se opta por reducir las tarifas máximas de las terminales, obligando de esta forma a abaratar los costes de explotación, “algo que parece muy complicado sin tocar los salarios de los estibadores”, según señala un terminalista afectado.
El paquete de medidas, que viene a modificar la actual legislación portuaria, ha sido acogido con interés por los empresarios terminalistas encuadrados en la patronal Anesco, aunque más de una compañía duda de cómo poder encarar con acierto una negociación en paralelo con las autoridades portuarias y los sindicatos del colectivo de la estiba. “Nos han pasado el muerto”, indica un empresario que admite que “cualquier salida afecta al terreno laboral, porque si invertimos en automatización o si tenemos que rebajar los precios máximos, tenemos, por lógica, que negociar con los sindicatos en el seno de las sociedades de estiba a sólo unos meses de que pueda haber una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que posiblemente suponga una condena a nuestro modelo de estiba”.
Y es que parte de la estrategia diseñada desde Puertos del Estado en los artículos modificados para la ampliación de los plazos concesionales de 35 a 50 años tiene como objetivo “condicionar una negociación con el colectivo de la estiba para lograr aumentar la competitividad del sector en relación con nuestros competidores”. El organismo que preside José Llorca se ha marcado como gran objetivo de la legislatura reducir los costes logísticos de las operaciones de importación y exportación al tiempo que provoca un abaratamiento en las operaciones de tránsito, generando empleo en el sector y potenciando un incremento en la actividad económica.
Fomento atiende, en parte, la petición de árnica de los concesionarios que han venido demandando homogeneizar los plazos máximos con los existentes en los puertos europeos, aunque lo cierto es que desde la patronal Anesco se demandó más que la ampliación de plazos a 50 años que no computarán los años de crisis económica, para no tener que hacer frente a contraprestaciones económicas. Fomento calcula que las medidas generarán una inversión adicional de entre 150 y 200 millones de euros anuales por parte de los privados, colocando al sector en igualdad de condiciones competitivas en el escenario internacional, sin que sea una debilidad para la captación de nueva inversión privada.
Por su parte. Fomento aumentará hasta un máximo de 50 años las concesiones portuarias cuando haya inversión significativa en obras e instalaciones fijas que tengan incidencia en la prestación del servicio, siempre que las obras sean infraestructuras portuarias de abrigo, esclusas, obras de atraque, accesos marítimos y obras de relleno y consolidación y mejora de terrenos en grandes superficies. En otros casos, el máximo queda en 30 años. Las concesiones nuevas podrán alcanzar una prórroga extraordinaria hasta 75 años si se hacen inversiones adicionales, se financian accesos terrestres o se contratan en la estiba de las terminales trabajadores fijos por encima del 25 por ciento, el mínimo legal actual.
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