Fomento fuerza acuerdo entre Comité y cargadores para desactivar un paro

El texto, muy criticado incluso por los firmantes, caso de Feteia, Lógica, Aecaf y Aem, refleja la “falta de consenso” en el sector.

Fomento fuerza la firma del enésimo acuerdo entre el Comité y los cargadores para desactivar el paro convocado por la minoritaria Fetransa, que finalmente no ratificó el mismo. El documento, muy criticado incluso por los firmantes, caso de Lógica, Aecaf, Feteia y Aem, no deja a nadie contento y refleja la “falta de consenso” en el sector

 La fractura abierta entre transportistas y cargadores se cierra en falso tras el enésimo acuerdo alcanzado entre el Comité Nacional y las principales asociaciones de empresas usuarias -Aecoc, Aeutransmer y Transprime-, que no ha dejado a nadie contento. Fuentes del sector aseguraron a este periódico que la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento “forzó” la firma de este documento, “fruto de un consenso artificial”, para desactivar el paro sectorial anunciado por la organización minoritaria Fetransa, que finalmente no selló el texto pactado entre las partes.

El propio Departamento que dirige el ministro José Blanco tampoco suscribió el documento y se limitó a comprometerse a la creación de un grupo de trabajo para hacer seguimiento de las medidas propuestas. Así las cosas, la respuesta del sector no se ha hecho esperar. Las voces más críticas provienen de las patronales Lógica, Feteia, Aecaf y Aem, pese a que rubricaron el texto para que su postura no pudiese verse como un obstáculo para el avance, “tan deseado”, del sector.

En una dura carta remitida al director general de Transporte Terrestre, Manel Villalante, las organizaciones muestran su rechazo a los acuerdos por estar “basados en la imposición”. Los firmantes de la misiva creen que añade “mayor intervencionismo de la Administración, más opacidad y menos transparencia en las relaciones mercantiles”, que “no contribuyen, en absoluto, a los objetivos que se persiguen: lograr mayor eficiencia en el mercado”.

Las patronales sostienen, en este sentido, que los acuerdos son una “rémora para la competitividad de las compañías y paralizará el crecimiento equilibrado de la economía”. Sobre el incumplimiento de los plazos máximos de pago, las asociaciones recuerdan que “la actual ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ya castiga y sanciona al deudor que incurre en mora, pues en este caso el acreedor tendrá derecho a reclamar una indemnización de hasta el 15 por ciento de la cuantía de la deuda”.

En cuanto a la medida encaminada a limitar el número de contrataciones sucesivas, las patronales advierten que “parece aventurado establecer de antemano como conclusión que lo mejor y más conveniente para dotar de seguridad y transparencia al transporte sea limitar la subcontratación”, además de “ir contra el principio de libertad de empresa”.

Las organizaciones insisten en que “la subcontratación no es intrínsecamente perjudicial para las empresas”, sino el “inadecuado uso de la misma y los comportamientos desleales y de abuso de poder, los que determinarán efectos perversos e indeseados para una correcta optimización de los servicios”.

Las patronales Lógica, Aecaf, Feteia y Aem también enviaron una carta al presidente del Comité, Ovidio de la Roza, en la que manifiestan su “descontento” por impedirse “toda posibilidad de analizar y debatir un nuevo documento muy diferente al presentado por el propio Comité”.

Puntos del acuerdo

Divulgar el Código de Buenas Prácticas Mercantiles.
Rechazar rotundamente las prácticas se abuso de posición de dominio por cualquiera de las partes -transportistas/cargadores-.
Instar a cumplir los plazos de pago de los servicios de transporte fijados en la Ley de Contrato de Transporte y la Ley de Morosidad.
Instar a la novación voluntaria de los contratos de larga duración firmados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Contrato de Transporte.
Instar a la aplicación de la cláusula de revisión del precio en función de la variación del gasóleo.
Instar a la aplicación de la cláusula de indemnización por paralización del vehículo.
Limitar el número de contrataciones sucesivas.
Difundir y publicitar los datos del Observatorio de Costes.
Compromiso de llevar el Observatorio de Costes la información sobre el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones contratadas.
Exigir a Competencia el control del mercado de carburantes.
Solicitar la publicación semanal del precio medio del gasóleo.
Solicitar al Gobierno la eliminación del ‘céntimo sanitario’.
Incorporar al Observatorio de precios la evolución de la morosidad.
Creación de una comisión de seguimiento de los acuerdos.