Fomento mantiene la presión tarifaria en los puertos, aunque los usuarios creen que una rebaja aumentaría tráficos y recaudación

Los puertos, que ganaron 347 millones de euros en 2007, esperan tener autonomía para fijar las tasas en función de sus costes reales.

Fomento mantiene la presión tarifaria en los puertos, pese a que usuarios y patronales del sector portuario afirman que una rebaja de las mismas aumentaría los tráficos y la recaudación del sistema portuario. Por su parte, los puertos, que ganaron 347 millones de euros en 2007, esperan poder fijar sus tasas en función de sus costes

El Ministerio de Fomento, a través de su organismo público Puertos del Estado, mantiene la presión tarifaria que sufren cargadores, navieros y terminalistas a tenor de las últimas cifras económicas del sistema portuario español y la previsión presupuestaria para el ejercicio 2008. El conjunto de los puertos españoles, inmersos en un voluminoso plan de inversiones que en 2007 se saldó con la adquisición de nuevo inmovilizado por valor de 1.084 millones de euros con unas deudas a largo plazo de 400 millones de euros, disponen a juicio de usuarios y patronales del sector portuario consultadas por este periódico de un amplio margen para realizar una rebaja tarifaria.

Esta disminución de las tarifas, no contemplada por el momento por Fomento, vendría a aumentar los tráficos de los recintos españoles, así como, en el fondo, su recaudación, lo que permitiría seguir manteniendo el ritmo inversor del sistema, así como su autofinanciación. Y es que los puertos españoles, con el actual marco tarifario de la Ley de Puertos de 2003 obtuvieron unos ingresos de explotación de 1.028 millones de euros (ver cuadros adjuntos) y unos beneficios netos de 347 millones de euros, una vez saldados sus gastos de explotación y sus inversiones anuales.

Es decir, de cada cien euros ingresados, aproximadamente 35 euros son beneficios. Una importante rentabilidad que para sí la quisiera el sector y que a juicio de los operadores consultados, “ofrece margen para realizar un abaratamiento de las tasas portuarias en un momento de recesión económica y que tiene su traslado final en los consumidores”. La patronal más crítica con el actual esquema tarifario portuario español es la Asociación de Navieros Españoles (Anave), que preside Juan Riva.

En concreto, Anave ha solicitado al ejecutivo de Zapatero una rebaja sustancial de las tasas portuarias, que pasa por “facturar por minutos la tasa al buque, con un mínimo de treinta minutos por escala; extender las bonificaciones existentes a todos los buques que presten servicios regulares entre puertos de la Unión Europea; proteger a los usuarios cautivos de los puertos, estableciendo un tope máximo del doble del IPC al aumento anual de las tasas portuarias; y suprimir la tasa de pasaje a los conductores de vehículos que estén sujetos a la tasa de mercancía”.

Asimismo, Anave recomienda el abandono del actual modelo de autofinanciación del sistema portuario español, con su trasvase al presupuesto de Fomento, situación que “permitirá reducir las tasas portuarias y los cánones por concesiones”, situando el modelo español en idéntica situación al de la mayoría de países europeos. Tanto desde Anave y Anesco, como desde las asociaciones de cargadores Anfac (automóviles) y Ascer (azulejos) se espera que el nuevo Gobierno de Zapatero acometa una “mayor flexibilidad” en su prevista reforma portuaria en el apartado de la presión tarifaria a la que se están viendo sometidos.

Desde Anfac se solicita “un marco que permita a los usuarios disponer de unas tasas portuarias lo más flexibles y competitivas posibles”, Anesco reclama “una política portuaria estable y racional”, sin que las “exageradas inversiones en infraestructuras portuarias se trasladen por la vía de las tasas a los usuarios penalizando las inversiones de las estibadoras en los puertos”, mientras que desde Ascer se reclaman “más inversiones en los accesos portuarios de los puertos mediterráneos y una contención en las tasas”, y, por último, Anave aconseja bajar las tasas para impulsar, por ejemplo, las autopistas del mar, “con un recorte de un 15 por ciento que permitiría reducir los costes de explotación de las navieras y que aumentaría los tráficos y extendería una mayor presencia empresarial en los puertos”.

Por último, el proyecto de Ley de Puertos del PSOE plantea que “las autoridades portuarias podrán fijar sus propias tarifas para que los puertos puedan competir entre ellos y tendrán autonomía para fijar las tasas en función de sus costes reales”. Pero el problema está en quién establece los criterios de imputación de costes para fijar las tasas iniciales que no es otro que Fomento. El debate está abierto.