Transportes, sin Secretaría de Estado, afronta el reto de elaborar una Ley de Puertos y frenar otro paro en la carretera en otoño.
Fomento no ha logrado sacar adelante su nuevo organigrama tras haberse cumplido los primeros cien días del segundo mandato del Gobierno de Zapatero. Transportes, que sigue sin tener Secretaría de Estado, afrontará el reto de elaborar y consensuar una nueva Ley de Puertos e intentar frenar otro paro en la carretera en otoño
Fomento no ha conseguido sacar adelante la propuesta de un nuevo organigrama que incluía la creación de una Secretaría de Estado para el transporte tras haberse cumplido los primeros cien días del Gobierno. El Ministerio, que ya duplicó en el inicio de la legislatura las Secretarías de Estado, creando una para las Infraestructuras y otra para Planificación, guarda un proyecto de Real Decreto para la definición de su estructura según ha podido saber este periódico en fuentes solventes.
Este decreto elevaría la actual Secretaría General de Transportes de Fernando Palao al rango de Secretaría de Estado. Sin embargo, este decreto sigue sin ser convalidado por Presidencia del Gobierno y no ha sido objeto de la deliberación del Consejo de Ministros para su aprobación, si bien, la nueva estructura de otros ministerios si que ha sido actualizada por el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero.
Por su parte, el Gobierno ha solucionado, en parte, el error de atribuir la competencia de Salvamento Marítimo al Ministerio de Medio Rural y Marino, tras haber publicado la nueva estructura de la cartera de Elena Espinosa, en la que no se ha contemplado a Sasemar como inicialmente se había fijado. La conversión de la actual Secretaría General de Transportes, que ahora tiene rango de subsecretaría, en Secretaría de Estado sería positiva para el sector del transporte, ya que su titular puede estar presente en las comisiones delegadas del Gobierno o participar en los Consejos de Ministros de la Unión Europea.
Además reforzaría su papel para afrontar una dura crisis de otoño, con ánimos calientes de un nuevo paro en el transporte por carretera y para afianzar el reto diseñado desde Presidencia de introducir al sector privado y las comunidades autónomas en la gestión de Aena, así como encontrar el consenso parlamentario y sectorial suficiente para llevar a cabo la modificación de la Ley de Puertos y proceder a la segregación del área de mercancías de Renfe, creando una nueva empresa.