La patronal Anave respalda la iniciativa legal que permitiría a las clasificadoras hacer la vigilancia ante la falta de medios públicos.
Fomento ha paralizado la tramitación de la reforma del reglamento de inspección de buques que iba a dejar en manos de sociedades de clasificación la posibilidad de realizar estas labores hoy en manos de Marina Mercante. Mientras la patronal Anave respaldaba la iniciativa legal, los ingenieros navales se posicionaron en contra
El Ministerio de Fomento ha paralizado la reforma del reglamento de inspección de buques que estaba tramitando tras haber recibido alegaciones contrarias al mismo en un informe de la Asociación de Ingenieros Navales del Estado, según ha confirmado TRANSPORTE XXI en fuentes del departamento que dirige Ana Pastor. El objetivo del ministerio era dejar en manos de empresas privadas, sociedades de clasificación, las inspecciones de todos los buques mercantes que pasan por los puertos españoles, incluidos los de alto riesgo, como petroleros, quimiqueros y gaseros.
Los ingenieros navales alegaron que la reforma atentaba contra la seguridad de los buques y que no era procedente cambiar el régimen de inspección de los buques mercantes y transferirlo a las sociedades de clasificación. La paralización de la reforma no ha gustado a las navieras españolas. Su patronal Anave, que preside Adolfo Utor, ha mostrado su disgusto con la decisión de Fomento señalando que “el proyecto de Real Decreto es indudablemente una iniciativa positiva, válida, acorde con la práctica en todos los países marítimos desarrollados y que redundará en una mejora de la seguridad marítima y de la protección del medio ambiente”.
Anave solicitó en el trámite de alegaciones que la reforma del reglamento fuera mucho más lejos, incluyendo también los buques de pasaje. La patronal naviera explica que no se trata de una “privatización” de la seguridad marítima, “sino permitir que, como una alternativa al control por medio de los servicios de inspección de Marina Mercante, se contemple la posibilidad de delegar determinadas inspecciones y certificados en organizaciones reconocidas”.
Anave afirma que esta delegación de las funciones de inspección “es una práctica totalmente generalizada en otros países, hasta el punto de que la propia Unión Europea tiene una norma específica que regula estas delegaciones”, matizando que “España aplica un régimen similar a las inspecciones de otros equipos con incidencia directa en la seguridad de las personas”.