Las dársenas cobran de los ciudadanos y no de los usuarios a los que dan servicios.
Fomento ha arrebatado al erario público 302 millones para pagar su ‘error legislativo’ con las tarifas portuarias, después de anular el Tribunal Constitucional las prácticas de refacturación realizadas. Los puertos han terminado cobrando de los ciudadanos y no de los usuarios que disfrutaron del servicio, a los que la fiesta les ha salido gratis
El ‘último servicio’ a los puertos españoles del ya ex-presidente del organismo público, Fernando G. Laxe, ha sido lograr un nuevo ‘botín’ de la saca del erario público, con otros 70 millones de euros del fondo de contingencia del Ministerio de Fomento, un dinero que procede de los impuestos de todos los españoles, situación que sigue contraviniendo la doctrina legislativa configurada desde 1992 en el sistema de titularidad estatal que consagró el principio de que “los puertos se autofinancian”. Con este nuevo ‘saqueo’ de la caja pública, para que los puertos no sufran ningún impacto financiero y sigan siendo “rentables”, los ciudadanos españoles han sufrido un ‘expolio’ de 302 millones de euros que han ido a parar al arca de 25 autoridades portuarias, ya que ni Alicante, Bahía de Algeciras y Ceuta han recibido cantidad alguna por parte del fondo de contingencia. Hay que recordar que durante el ejercicio 2010, Fomento decidió, a través de Puertos del Estado, usar el citado fondo para el pago de 231,66 millones de euros de las sentencias judiciales firmes que anulaban miles de liquidaciones por tarifas portuarias practicadas por las autoridades portuarias.
En su última nota pública, Laxe señala que “la nueva Ley de Puertos 33/2010 ha incluido las correcciones necesarias para evitar que esta circunstancia se produzca en el futuro”, matizando que “las cuantías básicas de las tasas portuarias vienen fijadas en la propia Ley, con lo cual tienen cobertura legal suficiente de cara a los usuarios”, si bien la nota olvida que esto ya era así en la anterior Ley de Puertos 48/2003. En esta nota, el organismo público afirma que los 302 millones “cubren la totalidad de las reclamaciones con sentencia firme recibidas por el conjunto del sistema portuario a día de hoy”, aunque lo cierto es que varios puertos siguen provisionando millones de euros para poder pagar a sus acreedores. El Tribunal Constitucional declaró en 2009 inconstitucionales diversos artículos de las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1999 y 2000, estableciendo que las tarifas portuarias eran prestaciones patrimoniales de carácter público. Desde 1996, la Justicia vino estimando recursos interpuestos contra liquidaciones practicadas por falta de cobertura legal, así como las refacturaciones, consideradas nulas de pleno derecho.
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