Fomento y Trabajo mantienen silencio ante las graves imputaciones hechas por Viudes

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena acusa a todas las sociedades estatales de estiba de un ‘fraude millonario’ a la Seguridad Social entre 2003 y 2006.

Los ministerios de Fomento y Trabajo mantienen silencio ante las graves imputaciones realizadas por el presidente del puerto de Cartagena, Adrián Viudes, en las que viene a acusar a todas las sociedades estatales de estiba de las dársenas españolas de un fraude millonario a la Seguridad Social entre los años 2003 y 2006

Los ministerios de Fomento y Trabajo mantienen un hermético silencio frente a las graves imputaciones realizadas por el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Viudes, que acusa a todas y cada una de las sociedades estatales de estiba de los puertos españoles de un presunto fraude millonario a las arcas de la Seguridad Social. El origen de esta acusación de Viudes está en una inspección realizada por Trabajo a la Sociedad Estatatal de Estiba y Desestiba del puerto de Cartagena (Sesticarsa), que derivó en un acta de infracción por valor de 1,4 millones de euros por el impago de la cotización de las horas extraordinarias presenciales de los trabajadores portuarios de la sociedad entre 2003 y 2006. El acta de infracción en Sesticarsa, que preside el propio Viudes y donde la Autoridad Portuaria de Cartagena dirige la gestión con el 51 por ciento de las acciones, se llevó a cabo en 2007 tras una denuncia del sindicato Coordinadora y, con posterioridad, la hizo suya la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, imputando al citado presidente Viudes y a otros cuatro consejeros de Sesticarsa por un “presunto delito de fraude a la Seguridad Social”.

Contra el acta de la Seguridad Social y la imputación de la Fiscalía, Viudes asegura que “la forma de gestión de Sesticarsa en aquella fecha era muy similar a la del resto de sociedades estatales de estiba y desestiba que operaban en los puertos de interés general, de forma que si se producían horas extraordinarias en Cartagena, igualmente sucedía en el resto de puertos, con el agravante de la proporción”. Así consta en el escrito remitido al Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso este periódico, donde el controvertido Viudes solicita la extinción de Sesticarsa ante la imposibilidad de hacer frente a la cantidad que le reclama el ministerio de Corbacho, por cierto, una petición que no tiene precedentes en el entramado público empresarial.

Según Viudes, Sesticarsa, en la que también participan con el 49 por ciento restante del accionariado, las estibadoras privadas Ership, Manipulación de Mercancías, Agencia Marítima Blázquez, Bergé, Marmedsa y Mantepuerto, se encuentra en situación de quiebra ante la deuda que le imputa Trabajo. En ese mismo escrito, Viudes afirma que “si en Cartagena, con 37 trabajadores, nos exigían el pago de casi millón y medio de euros, ¿qué podrá suceder en Barcelona, Valencia o Algeciras que exceden del millar de trabajadores?”. Hay que tener en cuenta el alcance de la denuncia de Viudes, que pide “café con leche para todos”, porque el sistema portuario español tenía entonces 38 sociedades estatales de estiba, una docena ya privatizadas, que emplean a 6.400 trabajadores. ¿Cuál ha sido la respuesta de los ministerios de Fomento y de Trabajo, los dos departamentos implicados, ante la denuncia de Viudes?

El director general de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, Raimundo Aragón, argumentó que las auditorías al resto de sociedades de estiba “no estaban planificadas”, según consta en el documento remitido por Viudes al gobierno que preside Zapatero. TRANSPORTE XXI no ha obtenido respuesta alguna de Trabajo cuando se le ha preguntado por la fórmula de cotización de las horas extraordinarias de los portuarias en el resto de sociedades estatales. Por su parte, Fomento, que ha venido detentando y detenta todavía el control de muchas de estas entidades a través de Puertos del Estado, se ha llamado a andana. Un portavoz del citado organismo público ha remitido a este periódico “a la Seguridad Social y a las autoridades portuarias”, afirmando taxativamente que “no tenemos nada que ver” en el asunto.

En 2008, un año despues del acta levantada a Sesticarsa, la Dirección General de Inspección emitió un criterió técnico de cómo tenían las sociedades estatales de estiba que cotizar las horas extraordinarias. Según Viudes, ese criterio contradice la fórmula que utilizó la propia Seguridad Social a la hora de inspeccionar y sancionar a Sesticarsa.