El Ministerio Fiscal está investigando un presunto fraude de entre 17 y 30 millones de euros (entre 3.000 y 5.000 millones de las antiguas pesetas) en la ampliación del puerto de Barcelona, en concreto, en la construcción del Dique del Este. No es cosa baladí. La Abogacía del Estado, en un informe solicitado por la propia Autoridad Portuaria, recomienda al presidente de la dársena, Jordi Valls, que se vaya con todos los papeles al juzgado que corresponde a presentar una denuncia.
No en vano, la Autoridad Portuaria, las contructoras adjudicatarias de la obra (una UTE liderada por FCC), y las empresas encargadas de la dirección técnica y del control de calidad de la misma podrían haber incurrido en los delitos de falsificación de documento público, fraude, malversación y estafa, todo ello en una actuación que contó con 100 millones de los fondos comunitarios.
Con el fraude destapado por la Agencia Tributaria e investigado por el Ministerio Fiscal se demuestra que los mecanismos de control de la Autoridad Portuaria de Barcelona no han funcionado ni en la adjudicación de la obra ni en las certificaciones periódicas a que están sometidas las empresas adjudicatarias de la misma. Pero aun siendo preocupante lo anterior, más inquietante es todavía que la Autoridad Portuaria “no sabe si recurrira a la vía judicial”, tal como señaló a TRANSPORTE XXI la portavoz de la institución al cierre de esta edición.
Esta dilación soló sirve para cosechar la sospecha. Valls está obligado a irse a los tribunales, a levantar las alfombras de la casa y aledaños para atajar cualquier sombra de duda, más si tenemos en cuenta que en el caso del puerto de Barcelona la historia no es nueva.
Ahora, el puerto habría pagado 2,3 millones de toneladas de escollera que nunca se utilizaron en la obra. Hace más de tres años se hundió el muelle de la ampliación, un hecho sin precentes en la historia de la obra civil en Europa, que aún no se ha aclarado. ¿Será sólo una casualidad?
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