Para muchos es la última bala que se puede utilizar desde el sector privado para intentar atajar las prácticas anticompetitivas de las que ha hecho gala el operador postal público Correos desde que se concretase la liberalización postal hace ahora 16 años. Una denuncia anónima ha encontrado eco en la Comisión Europea (CE), que ha solicitado información adicional a la Administración española y a la propia Correos sobre el supuesto desvío de ayudas de Estado por el servicio postal universal (SPU) hacia otras ramas de actividad de la pública, principalmente la paquetería.
Los que saben de esto dicen que Bruselas se va a tomar muy en serio el asunto, puesto que la denuncia estaría “exquisitamente” fundamentada. Y es que el momento es crucial. Ahora o nunca. Las paqueteras privadas habían observado estos años con relativa inquietud la competencia de Correos a través de su filial Chronoexprés. Pese a las constantes inyecciones de capital para mantenerla en acción, que han superado los 200 millones de euros, la compañía no parecía una seria amenaza como competidora ‘top’.
Sin embargo, el escenario ha cambiado, porque la pública da por descontado que los servicios postales languidecen y ha centrado su apuesta de futuro en la paquetería. En este contexto, Correos recibirá este mismo año del Estado una espectacular inyección de 518 millones de euros por la prestación del servicio postal universal (SPU). Pólvora del rey con la que, en ausencia de controles para evitar subvenciones cruzadas, se puede incrementar exponencialmente la cuota de mercado del operador público en el sector de la paquetería. Las alarmas están encendidas.
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