Pone coto a la política contractual que hasta ahora practicaban con ellos, la cual se ajustaba a la vigente normativa comunitaria.
La aprobación de la nueva Ley de Economía Sostenible, que incorpora una enmienda sobre la distribución de vehículos presentada por CIU, apoyada por el PP, ha puesto patas arriba las relaciones entre los concesionarios y las marcas. Las primeras reacciones de las patronales de fabricantes, Anfac y Aniacam, no se han hecho esperar
Una enmienda a la Ley de Economía Sostenible, que se ha convertido en un cajón de sastre aún mayor que las leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, acaba con la estrategia de los fabricantes de automóviles de cancelación de contratos con los distribuidores y pone patas arriba las relaciones entre los concesionarios y las marcas. Las consecuencias del nuevo marco legal, que entrará en vigor para cuando estas líneas vean la luz, parecen no haber sido adecuadamente valoradas por ninguna de las partes, incluyendo partidos políticos y las propias asociaciones de fabricantes (Anfac y Aniacam), pues sólo así se entiende que estas últimas no hayan arreciado en su función de “lobby” hasta que la cosa ya no tenía salida.
En el mismo día en que la votación iba a tener lugar, sólo se escuchaban aún tímidas manifestaciones desde ambas patronales sobre la “preocupación” por lo que pudiera ocurrir en el Congreso, y finalmente tuvo lugar. Ahora, unos cálculos rápidos evalúan la indemnización media en caso de ruptura de contrato en 10 millones por concesionario, lo que multiplicado por los 3.500 existentes en nuestro país, lleva a 35.000 millones el riesgo potencial derivado de la aprobación de la enmienda de CiU, que ha salido adelante con el apoyo del PP.
La gravedad de la situación generada provocó que Javier García Sanz, presidente de Anfac y también presidente del consejo de administración de Seat y miembro del comité de dirección de VW, suspendiera sus actividades en Alemania y regresara urgentemente a España para dirigir el contraataque, comenzando por expresar la indignación del sector. “Estamos muy descontentos, preocupados y además nos sentimos engañados y hasta se puede decir que traicionados”, manifestó García, que afirmó que la nueva normativa pone en grave riesgo las inversiones de la industria española del automóvil.
El concesionario podrá…
En caso de cancelación del contrato con el fabricante, exigir una indemnización por cartera de clientes.
Reclamar indemnización por inversiones no amortizadas y también por el personal laboral que el concesionario vaya a verse obligado a despedir.
Exigir la recompra de los vehículos y piezas que se encuentren en su poder en el momento de la cancelación del contrato.
Devolver en todo momento al fabricante los vehículos que lleven en el “stock” del concesionario más de 60 días, estando obligado el fabricante a recomprarlos.
Ceder total o parcialmente a un tercero su contrato de distribución.
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