O se agiliza la implantación de infraestructuras de recarga adecuadas al transporte o se llegará tarde a la cita de 2030.
El viaje hacia las cero emisiones, con un calendario pautado, no tiene vuelta atrás. La descarbonización ha llegado para quedarse. En este contexto, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se ha marcado como objetivo para 2030 -a la vuelta de la esquina-, que cerca del 25 por ciento de la energía usada en el transporte, responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, sea de origen renovable.
El papel lo aguanta todo, pero la realidad es que la cuota de mercado electrificado en España apenas llega al 10 por ciento en 2022, según un informe de la Fundación Naturgy, por lo que aún queda un largo camino por recorrer. No hay que olvidar que para cumplir esta exigente hoja de ruta es fundamental contar con una infraestructura de recarga adecuada y bien distribuida en los núcleos urbanos y grandes corredores logísticos del país. Y ahí tiene el sector uno de sus talones de Aquiles. España cuenta con unos 20.243 puntos de recarga, según el mismo informe, muy lejos de los 300.000 de acceso público establecidos como objetivo para 2030. Y la mayoría de ellos tienen potencias instaladas por debajo de 22 kW.
Entre las barreras para su despliegue destacan su elevado coste y baja rentabilidad, junto a la complejidad de los trámites. Según full&fast, start-up española dedicada a la electrificación de flotas, instalar una electrolinera fija puede superar los 100.000 euros, con una compleja tramitación que consume un tiempo promedio de casi cuatro años. Las agujas del reloj siguen girando. O se agiliza la implantación de estas infraestructuras de recarga o se llegará tarde a la cita de 2030. Tic tac…
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