Hacienda elimina el ‘céntimo sanitario’ pero sostiene la presión fiscal al sector

Reemplaza un tributo que está en el punto de mira de la Justicia europea por un nuevo recargo en el impuesto de hidrocarburos.

El Ministerio de Hacienda ha decidido eliminar el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, conocido popularmente como ‘céntimo sanitario’, pero sostiene la presión fiscal al sector. El equipo de Montoro reemplazará un tributo en el punto de mira de Europa por un nuevo recargo en el impuesto de hidrocarburos.

En el Proyecto de Ley General de Presupuestos 2012 elaborado por el Ministerio de Hacienda se incluye una disposición final por la que se deroga con fecha 1 de enero de 2013 el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, conocido popularmente como ‘céntimo sanitario’, que grava el consumo de carburantes para financiar la sanidad. El ‘céntimo sanitario’ desaparece en sus dos tramos de aplicación: estatal y autonómico.

En el caso del tramo estatal, cuyo importe fijo es de 2,4 céntimos por litro, será sustituido por una nueva tarifa especial del impuesto de hidrocarburos, que mantendrá el mismo importe. A su vez, el tramo autonómico, que se viene gravando con un recargo de hasta 4,8 céntimos por litro como tope, será sustituido también por otro recargo autonómico sobre el impuesto de hidrocarburos.

A diferencia de lo que ocurría con el ‘céntimo sanitario’, el Proyecto de Ley no especifica un límite para este nuevo recargo autonómico que, en todo caso, queda ahora a expensas de lo que establezca la futura Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas para su aplicación. En estos momentos, el número de comunidades autónomas que recurren a este impuesto para financiar la sanidad regional se sitúa ya en la docena.

En la práctica, el Gobierno ha optado por derogar un impuesto que lleva cuatro años en el punto de mira de la Comisión Europea y sustituirlo por un nuevo recargo sobre el impuesto de hidrocarburos, que en esta caso no entra en colisión con la doctrina europea en materia fiscal. De esta manera, el Ejecutivo se ha apoyado en la alternativa más sencilla desde el punto de vista jurídico para conseguir zafarse de la amenaza de Bruselas manteniendo a la par la misma presión fiscal sobre los carburantes.

No obstante, este “cambio de cromos” no paraliza el proceso que se sigue en Europa contra el ‘céntimo sanitario’ desde 2008, cuando la Comisión Europea decidió instar al Gobierno español a derogar este impuesto al considerar que vulneraba la normativa comunitaria. Actualmente, el asunto está en manos del Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, que presumiblemente podría dictar sentencia en torno al asunto a lo largo de 2013.

Esta sentencia podría establecer la devolución de lo recaudado durante los nueve años de aplicación del impuesto, que en términos globales superaría los 5.000 millones de euros, según cálculos del sector. De este montante, nada menos que en torno al 48 por ciento correspondería al sector del transporte por carretera. Si bien, para que se llevasen a cabo las devoluciones deberían acreditarse convenientemente vía factura, lo que todo apunta a que reduciría de forma considerable el impacto del mencionado reintegro.

Además, el Comité Nacional de Transporte por Carretera, alarmado por el incremento de la fiscalidad en los carburantes en las distintas comunidades autónomas, ha acordado solicitar al Gobierno la devolución íntegra al sector de los tramos autonómicos tanto del actual ‘céntimo sanitario’ como del futuro recargo sobre el impuesto de hidrocarburos. Los transportistas quieren que se establezca esta devolución por ley, en el marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para acabar así con una situación actual que genera agravios comparativos entre comunidades.

El transporte, fuente inagotable de ingresos fiscales

El céntimo sanitario, próximo a cumplir una década de vigencia, va a desaparecer. Y eso es una buena noticia para el sector. “Se va a derogar un impuesto en esencia injusto”, señalan desde Fenadismer. Los transportistas lo consideran discriminatorio, ya que obliga al sector a contribuir de una manera desproporcionada a la financiación de la sanidad, por sermucho mayor su consumo de carburante.

Además, porque se produce un agravio comparativo respecto de los restantes modos de transporte (ferroviario, marítimo y aéreo) que están exentos de su aplicación. Pero más allá de esa primera lectura se concluye que la fiscalidad que soporta el sector seguirá sin rebajarse.

“Cambia el nombre del impuesto, pero el impacto económico se mantiene”, señalan fuentes del sector. Además, recuerdan que la reiterada afirmación de que España tiene uno de los carburantes más baratos de la UE se diluye si comparamos el precio final en términos relativos, es decir, teniendo en cuenta la realidad salarial española, ya que en ese caso sólo Portugal y Grecia tienen el gasoil más caro que el nuestro.