Histórico y grueso varapalo de los tribunales a Renfe Mercancías por competencia desleal

El Juzgado de lo Mercantil Nº 8 de Madrid estima la demanda de los operadores de combinado de la patronal UOTC contra la pública por abuso de posición de dominio.

Renfe Mercancías acaba de recibir un histórico y grueso varapalo de los tribunales por abuso de posición de dominio y es que un juzgado de lo Mercantil de Madrid ha estimado la demanda presentada por las empresas de transporte combinado de la UOTC contra la pública que preside Teófilo Serrano por competencia desleal

El Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid ha estimado la demanda presentada por la Unión de Operadores de Transporte Combinado (UOTC) contra Renfe Mercancías por competencia desleal, según confirmaron a TRANSPORTE XXI diferentes fuentes solventes. Como se recordará, la demanda de las empresas de combinado de la UOTC se remonta a finales de 2006, cuando la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril aún era incipiente, momento que Renfe Mercancías aprovechó para subir de manera unilateral las tarifas y eliminar casi sin previo aviso los servicios que no eran rentables.

La demanda presentada por UOTC, que preside Antonio Pérez Millán y está integrada en la patronal de carretera Astic, se basa en gran parte en un dictamen elaborado en su día por el Centro de Derecho de Transporte Internacional de la Universidad Jaume I de Castellón. El dictamen aseguraba que “la modificación intempestiva y sin justificación objetiva de los precios por parte de Renfe es “una conducta prohibida” por la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal, más aún cuando existe un “situación de dependencia económica, caso de los operadores de transporte combinado que han realizado importantes inversiones en equipo para ferrocarril que no han amortizado”.

El fallo del Juzgado de lo Mercantil Número 8 de Madrid, que condena a la pública al pago de costas, habría estimado el cuerpo central de la demanda de la UOTC relativo a la competencia desleal de Renfe Mercancías, aunque, en principio, no quedaría cuantificada la cantidad económica que tendría que pagar el ferrocarril que preside Teófilo Serrano en concepto de indemnizaciones por las citadas prácticas.

Este periódico se ha puesto en contacto con Antonio Pérez Millán, presidente de la UOTC, para conocer la valoración que hace de la sentencia, aunque declinó hacer comentario alguno hasta presentar la misma ante la Asamblea General de la organización. Lo cierto es que Renfe Mercancías, la unidad de negocio que dirige Francisco Bonache, se ha convertido en diana de las demandas de los privados por competencia desleal desde la liberalización del mercado del 1 de enero de 2005.

Asimismo, la UOTC se encuentra a la espera de un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional al recurso presentado contra la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia, que desestimó una demanda de la patronal contra Renfe también por competencia desleal. De hecho, las demandas presentadas ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 8 de Madrid, que ha dado la razón a la UOTC, y ante la CNC, que fue desestimada, se presentaron casi al alimón, a principios de 2007, y estaban escritas en términos similares. Si la Audiencia Nacional estima el recurso de la patronal de combinado, la CNC tendría que volver a investigar la denuncia contra Renfe Mercancías.

En la misma línea, como ya adelantó TRANSPORTE XXI en su edición del pasado 15 de enero, la Asociación de Propietarios y Operadores de Vagones de España (Faprove) también ha presentado una denuncia ante Bruselas contra Renfe Mercancías por abuso de posición de dominio. Esta patronal está integrada por multinacionales como la suiza Ermewa y por la española Transfesa, cuyo accionista de referencia es el gigante alemán DB Schenker y donde Renfe ostenta una participación del 20 por ciento. La denuncia de Faprove, que ya habría entrado en la Dirección General de Competencia de Bruselas, acusa a la pública de dumping en el alquiler de los vagones para quedarse con la carga de los clientes, según fuentes conocedoras de la demanda.

Los antecedentes Los hechos que dieron lugar a la denuncia de la UOTC en los juzgados de los mercantil, cuyo fallo puede recurrir Renfe ante una instancia superior, datan del 21 de noviembre de 2006. En esa fecha, la pública remitió un carta a las empresas anunciando la extinción, desde el 31 de diciembre de ese mismo año, de los convenios que mantenía con las mismas, rompiendo así una relación contractual que, en algunos casos, tenía hasta 30 años de historia. En esa misma misiva, remitida por buró fax, la pública daba un sólo mes de plazo a las empresas, es decir, hasta el 1 de febrero de 2007, para negociar el nuevo marco contractual.

Es más, en enero de ese mismo año, Renfe ya anunció que iba a aumentar los precios un 6,8 por ciento, que era el resultado del IPC más un recargo por el combustible. Los operadores ya denunciaron entonces que detrás de esta política de Renfe había un incremento medio de entre el 25 y el 30 por ciento, además de una reducción de las frecuencias de los trenes multicliente. Hasta la ruptura unilateral de los convenios por parte de Renfe, los operadores tenían con la pública un contrato que renovaban de manera automática cada año.

Este convenio de tráfico establecía un precio global que el operador pagaba a Renfe por el transporte ferroviario, la manipulación de las Unidades de Transporte Intermodal (UTIs) en las terminales entonces propiedad de la pública, ahora del Adif, y la carga y la descarga del camión en origen y destino. El precio unitario era el resultado del tráfico que el operador se comprometía a mover en los trenes de Renfe y del descuento aplicado por la pública en función del volumen contratado. La patronal UOTC buscó la mediación de Fomento antes de ir a los tribunales, pero no encontró ningún apoyo en el ministerio.