Imputado por falsedad documental el coordinador de Plataforma en Asturias

La Guardia Civil detecta la falta de correlación entre los números de bastidor y las placas de matrícula en dos de sus camiones.

El coordinador de Plataforma en Asturias, José Luis Iglesias Iglesias, ha sido imputado por falsedad documental tras detectar la Guardia Civil la falta de correspondencia entre los números de bastidor y las placas de matrícula en dos de sus camiones que estaban trabajando en el puerto de Gijón. La investigación continúa abierta

La Guardia Civil de Tráfico de Oviedo ha imputado por falsedad documental en placas de matrícula al transportista José Luis Iglesias Iglesias, coordinador de Plataforma en Asturias. También está acusado por un presunto delito de daños y otro de coacciones por el ataque a un camión en el salvaje paro sectorial de junio de 2008, convocado, entre otros, por esta agrupación.

Las diligencias, a las que ha tenido acceso este periódico, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón al comprobar los agentes la falta de correspondencia entre los números de bastidor y las placas de matrícula en dos camiones de la mercantil Comercial de Servicios Sagita 2000, propiedad del imputado, que estaban trabajando en el puerto de Gijón.

Según se recoge en las diligencias previas, instruidas por el Grupo de Informes y Apoyo de Tráfico -GIATdel sector de Oviedo, “existe determinado modus operandi desarrollado en ocasiones por propietarios de vehículos de transporte de mercancías consistente en amparar la circulación y trabajo simultáneos de dos vehículos con número de bastidor distinto pero de igual marca y modelo bajo las mismas placas de matrícula”.

Los instructores señalan que “esta estrategia permite la contratación de una única póliza de seguro obligatorio, por un lado, y la realización de actividad de transporte de mercancías por parte de dos vehículos amparados por una única autorización de transporte”, con el consiguiente “ahorro de costes considerable”. Solo así, concluyen los agentes, se explica que “dos cabezas tractoras muy similares llevan troquelados números de bastidor prácticamente idénticos, lo que, unido a la colocación en las mismas de juegos de placas de matrícula iguales, permitiría la ejecución de la conducta expuesta”.

La investigación, que continúa abierta, se centra en averiguar si una cabeza tractora, marca Renault, con placa de matrícula O-4952-AH, ha desarrollado trabajos de transporte en las mismas fechas y horarios pero en emplazamientos diferentes. Por su parte, el transportista José Luis Iglesias Iglesias mantiene que “no ha habido ninguna falsificación”, sino un “error en la colocación de las matrículas en los vehículos”, uno de ellos adquirido en subasta, tal y como declaró ante la Guardia Civil, donde sí reconoció que uno de los camiones que estaba trabajando en el puerto asturiano no se encontraba al día de su documentación.

Además, en su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón, el transportista presentó un carnet de la ONCE, con fecha del 13 de noviembre de 2006, “acreditativo de que es ciego, circunstancia que le impide realizar algún tipo de falsificación dadas las carencias físicas que mantiene hasta el día de hoy”. Un hecho que fuentes del sector consultadas por este periódico interpretan como una “auténtica tomadura de pelo”. La investigación de la Guardia Civil arrancó a finales de agosto tras una denuncia del presidente de la Central Empresarial de Servicios Internacionales y Nacionales del Transporte (Cesintra), Enrique Riaño.

La patronal asturiana, que adelantó a este periódico su intención de personarse como acusación particular, remitió el 27 de agosto un fax a la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos del Principado. En la misiva, la patronal ponía en conocimiento de la Inspección que una empresa de transporte propiedad del imputado estaba “prestando servicios para CCT Sdad. Coop. Ltda. de Consumo en el puerto de Gijón con vehículos en situación de irregularidad administrativa”, por lo que pedía verificar la situación y abrir un expediente sancionador en caso de ser cierta.