El sector del transporte por carretera, acostumbrado a ponerse la venda antes de la herida, y a sacar el pañuelo a todas horas, por fin ha esbozado una pequeña sonrisa al ver como la nueva LOTT, que entró en vigor el pasado mes de julio, recogía finalmente la ‘acción directa’. Es decir, los transportistas ya pueden reclamar el pago del servicio al cargador principal en caso de impago de los intermediarios de la cadena de subcontratación, excesivamente larga en España .
La cuestión no es baladí. Los datos del balance de actividad de las Juntas Arbitrales del Transporte, que dispararon su actividad tras el estallido de la crisis, son demoledores. La morosidad, una de las principales causas del cierre de empresas, concentró el pasado año el 87 por ciento de las reclamaciones presentadas por el sector ante estos organismos institucionales que sustituyen a los Juzgados y Tribunales en la resolución de las controversias de carácter mercantil.
Aún es pronto para saber el alcance que tendrá en el sector la acción directa, que, en teoría, no sólo debería servir para dotar de mayor transparencia a la cadena de subcontratación del transporte de mercancías por carretera, sino que resultaría fundamental para mejorar la estructuración del mercado.
Pero no nos engañemos, incluso cuando existían las ‘famosas’ tarifas mínimas de obligado cumplimiento, el sector era incapaz de repercutir el precio del transporte a sus clientes. Son los propios profesionales, de hecho, los que recuerdan en cuanto tienen ocasión la frase de “que el peor enemigo del transportista es el propio transportista”. Veremos ahora qué pasa con la acción directa.
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