Los administradores concursales sitúan el pasivo de la sociedad en 319,42 millones de euros, que podrían incrementarse en 242,36 millones más a expensas de varios litigios.
El aeropuerto de Ciudad Real, bautizado en sus orígenes como ‘Don Quijote’, se encuentra en el umbral de la quiebra. Así se desprende del informe realizado por los administradores concursales de la sociedad propietaria del aeródromo, CR Aeropuertos SL, al que ha tenido acceso este periódico. El informe, firmado por los tres administradores concursales -Francisco Pérez Pérez, Agustín Flores Vadillo y José Joaquín Navarro Rubio-, se encuentra en poder del titular del Juzgado de Primera Instancia y de lo Mercantil nº4 de Ciudad Real, Amalio de Juan Casero y revela una masa pasiva de la sociedad CR Aeropuertos SL que se eleva a 319,42 millones de euros.
Todo esto teniendo en cuenta, además, que queda de momento al margen del pasivo una cantidad consignada como créditos contingentes, por estar a expensas de las correspondientes resoluciones judiciales, por valor de 242,36 millones de euros, que podría venir a sumarse a ese pasivo de resolverse en contra de los intereses del aeropuerto estos litigios. Entre esos créditos contingentes se encuentra incluida, curiosamente, la deuda que reclama Montreal Montajes y Realizaciones -marcada en negrita por este motivo en el cuadro adjunto sobre los principales acreedores del aeropuerto- y que dio lugar a la declaración de concurso de CR Aeropuertos.
La cantidad principal de todo el capítulo consignado por los administradores concursales como crédito contingente tiene que ver con la demanda interpuesta por los antiguos propietarios de los terrenos sobre los que se asienta el aeropuerto. En concreto, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha se tramitan actualmente un total de 57 procedimientos contra CR Aeropuertos SL, dirigidos a impugnar los justiprecios fijados por el Jurado Regional de Valoraciones de la región para los terrenos expropiados en los que se construyó el aeropuerto y los del suelo de uso industrial y logístico aeroportuario.
En síntesis, el Jurado Regional consideró que los terrenos debían ser valorados como rústicos y los propietarios demandantes estiman que deben ser valorados como urbanizables o incluso en algunos casos como urbanos.
El montante conjunto de estas reclamaciones se eleva a 213 millones de euros. Por su parte, el activo de CR Aeropuertos SL asciende a 692,92 millones de euros, lo que se sitúa significativamente por debajo de las estimaciones realizadas por los propietarios de las instalaciones, ya que según un nuevo peritaje independiente encargado por los administradores concursales, la valoración de los terrenos que componen la denominada zona logístico-industrial, fuera del perímetro del área aeroportuaria en sí, se sitúa en 384,42 millones de euros, muy lejos por tanto del informe pericial que manejaba CR Aeropuertos y que aplicaba un valor a esos terrenos de 861,67 millones de euros, es decir, nada menos que 477,25 millones de euros de diferencia.
Aparte de los terrenos mencionados, el activo de la sociedad CR Aeropuertos se completa con el valor de las construcciones (202,63 millones de euros), distintas instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje.
La Caja regional, principal accionista de un complejo aeronáutico que presumía de su condición de privado
CCM controla el 68,2% del capital, repartido en acciones propias y pignoradas a su favor
La entidad financiera pública Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM) es, en la práctica, el principal accionista del aeropuerto de Ciudad Real pese al tan cacareado carácter privado de las instalaciones, según se desprende del informe concursal de la sociedad CR Aeropuertos SL. La caja contaba con una participación directa del 36,4 por ciento en el momento en que se decretó el concurso de acreedores, a la que había que sumar otro 31,8 por ciento correspondiente a acciones pignoradas a su favor por los distintos empresarios del sector de la construcción vinculados al proyecto aeronáutico.
El citado informe destaca explícitamente esta situación al señalar que “Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha es titular de un derecho real de prenda constituido sobre algo más del 31 por ciento de las participaciones sociales (acciones), con lo que teóricamente su participación podría incrementarse en el futuro”. Detrás de esta situación se esconde que “la financiación a los socios para la suscripción de nuevas participaciones sociales ha sido concedida fundamentalmente por CCM, a través de operaciones crediticias que están garantizadas mediante un derecho real de prenda”.
Pero es que, además, el informe de la administración concursal añade que la caja castellano-manchega aceptó también las participaciones de la concursada como garantía de créditos concedidos a distintos socios para “finalidades ajenas a CR Aeropuertos SL”. El informe concursal anuncia también que CCM “ha comunicado su intención de transmitir sus participaciones sociales al Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros”, para lo que solicitó formalmente el inicio de la tramitación del procedimiento de autorización de dicha transmisión a una entidad que no es socia previsto en los Estatutos Sociales de CR Aeropuertos. La transmisión, que el informe sitúa en fase de tramitación, se enmarca en el Plan de Rescate de CCM, que incluye el traspaso al Fondo de todos los activos y pasivos que no afecten a su negocio bancario ni a su obra social.
Por otro lado, en el informe se destaca el elevado número de ampliaciones de capital acordadas, así como de dos reducciones de capital (ver cuadro adjunto). En este último capítulo se indica que la primera reducción se debió a la salida de la sociedad de Vienna Internacional Airport España SL, filial de la compañía gestora del aeropuerto de Viena (Austria) y a la postre el único socio industrial que acompañaba al proyecto.
Por su parte, la sociedad acordó hasta 11 ampliaciones de capital, lo que unido al “frecuente recurso a la compensación de créditos como forma de aportar el contravalor de las ampliaciones de capital”, es lo que hace inclinarse a los administradores judiciales por la hipótesis de que “el proceso de creación de los recursos propios pone de manifiesto un permanente déficit de ellos, que ha generado las tensiones financieras que han llevado a la situación concursal, ilustrativa de la discordancia entre recursos propios y magnitud de la inversión emprendida”.
Los administradores concursales se detienen especialmente en la última ampliación de capital, con fecha 25 de junio de 2009, por ser “la más reveladora de la situación patrimonial y financiera de la compañía y de las causas de su declaración de concurso”. Se acordó una ampliación de 720 millones de euros con el fin de resolver las tensiones financieras y capitalizar debidamente a la compañía para afrontar de forma realista sus perspectivas de futuro, aunque únicamente se desembolsó de forma efectiva un importe de 4,94 millones de euros, es decir, un 0,68 por ciento del montante previsto.
En resumen, según el informe concursal, “los socios no se mostraron dispuestos a seguir financiando la sociedad o no tenían capacidad económica para hacerlo y los proveedores rechazaron de forma abrumadora contribuir a tal efecto”. De esta manera, “en esta situación, la compañía quedó simplemente a merced de la resolución que pudiera dictarse en la solicitud de declaración de concurso necesario que el 10 de junio de 2009 había interpuesto Montreal Montajes y a la que se sumó Caja Sur con fecha 2 de diciembre de 2009.
El negocio estaba en la construcción y venta del aeropuerto y sus terrenos
El informe concursal es meridiamente claro. Los promotores del aeropuerto de Ciudad Real dirigieron sus expectativas de negocio a la construcción y venta del aeródromo y de los terrenos incluidos en el complejo. “El suelo logístico aparece como el motor de los planes de negocio” ya que desde los orígenes, “el valor estimado del suelo tiene que cubrir la inversión y el déficit de explotación e incluso generar beneficios”.
Además, durante la fase de construcción, que se inició en 2006, “comienza una etapa del aeropuerto que en sí misma es negocio para algunos de los propietarios del mismo”, de tal manera que “la subcontratación, el suministro de materiales y bienes de equipo, la consultoría y asesoramiento, suponen los primeros ingresos por parte de los socios propietarios”, sentencia el informe. En esta fase se firman contratos de empresas de socios con la sociedad aeroportuaria. Las obras representaron un coste de 370,30 millones de euros, pero “nadie piensa en las siguientes inversiones, necesarias para completar el proyecto”.
Con el aeropuerto prácticamente terminado se arrastra una importante deuda con los proveedores que “no puede ser abonada debido a que no se conceden nuevos créditos a la sociedad”. En el informe se señalan negativas en este sentido de entidades como el BBVA o Citibank. Llegados a este punto, para los socios “el suelo aparece como el mayor de los activos del aeropuerto, pero no para soportar los costes de la inversión y déficit de la explotación, sino para que pueda venderse a inversores interesados en desarrollar la explotación”.
A partir de aquí, el objetivo es obtener la licencia de vuelos, ya que con ello llegarán los inversores. Esta nueva etapa “despierta nuevas expectativas de negocio entre los socios, vislumbrando importantes plusvalías con la venta del aeropuerto y todas las áreas logísticas diseñadas”. En este momento, para salvar la situación económica de la sociedad y no entrar en concurso, comienza la referida cadena de ampliaciones de capital entre los socios, “todas ellas prácticamente sin cubrir, pero que sirven para mantener la expectativa de cobro de los proveedores”.
En esta etapa se asumen nuevas inversiones, aunque “la sociedad no tiene fondos ni forma de adquirirlos”, que se encargan de nuevo a empresas vinculadas con los socios, “con cargo a una expectativa de venta”, ya que se interesan por el aeropuerto inversores árabes, que hace incurrir en nueva deuda cercana a los 80 millones de euros. Además, se contrata con compañías aéreas que ponen como condición que se les garantice “el resultado entre sus costes de operación y los ingresos reales por viajeros”.
Ocho meses después de iniciadas las operaciones en el aeropuerto, se desencadena la intervención de CCM por el Banco de España, la retirada de la oferta por parte de los inversores árabes y la presentación del concurso de acreedores.
Toda una maraña de contratos y operaciones vinculadas con el aeropuerto que beneficiaron a las empresas de sus socios
Los administradores concursales han identificado un sinfín de contratos y operaciones entre CR Aeropuertos y sus socios. En este sentido, se señala que la construcción de una parte del aeropuerto y su zona de uso industrialaeroportuario fue realizada por la empresa León Triviño Construcciones y Obras Públicas SA, empresa familiar del socio y presidente de CR Aeropuertos, Juan Antonio León Triviño.
A su vez, empresas del mismo León Triviño fueron subcontratistas para elmovimiento de tierras y proveedoras de áridos y asfalto de la UTE Aeropuerto de Ciudad Real, integrada por Sacyr e Isolux Corsán, que se encargó de construir una parte importante del aeropuerto. Además, tanto el acreedor Preturbi, en las obras del centro de visitantes, como el socio Construcciones León Triviño, para los accesos al aeropuerto, contrataron como director de Proyecto y director Técnico a Tomás Herrera Mazón, que ostentaba el cargo de director general de la concursada.
Y siguiendo con las operaciones que vinculan a la concursada y su presidente y socio Juan Antonio León Triviño, el mantenimiento de la pista de aterrizaje y del campo de vuelos, tanto correctivo como preventivo, está también contratado a la sociedad Construcciones León Triviño. Por otro lado, Montreal Montajes y Realizaciones, actualmente en concurso y que se encargó de urbanizar parte de la zona industrial e intervino en el inicio de la construcción del puerto seco es una empresa participada en un 51 por ciento por Ruteso Aplicaciones, a su vez controlada por los empresarios Domingo Díaz de Mera e Ignacio Barco (familia Barco).
Esta vinculación no termina ahí, ya que Ruteso está representado en Montreal porMarcelino Francisco Larrañaga, a su vez consejero y apoderado general mancomunado de CR Aeropuertos. Esta relación sorprende a los administradores concursales ya que Montreal fue la primera entidad que instó al concurso de CR Aeropuertos. La concursada, por otro lado, se subrogó en los contratos de trabajo que las dos letradas de la sociedad y dos técnicos de administración mantenían con la empresa Global Consulting Partners, propiedad de las familias Barco, Román Sanahuja y Domingo Díaz de Mera, socio este último del bufete de abogados que defiende a la concursada y también en compañía de Barco de la firma Aerojet Center, a la que la concursada otorgó un derecho de superficie.
CCM es socio de referencia de Isolux Corsán, que participó en la UTE del aeropuerto y es propietaria deWatsegur, la compañía que ha suministrado equipos y cámaras de seguridad al aeródromo. CCMes también accionista de la firma de ingeniería Gerens Management Group (Gerens Hill), que se encargó de dirigir las actividades de construcción y de elaborar proyectos técnicos, así como de la firma de asesoría urbanística Equipo Redactor Malt, que desarrolla el asesoramiento técnico y jurídico en materia de urbanismo del aeropuerto. Por su parte, la defensa de CR Aeropuertos en diversos litigios fue asumida por la letradaMaría Esperanza Obejo, sobrina del socio y ex-consejero delegado José Pedro Cano.
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