Las comunidades autónomas continúan haciendo la guerra por su cuenta en materia de infraestructuras de transporte. El último ejemplo de duplicación inversora lo encontramos en el impulso que, de forma paralela, se quiere dar a dos proyectos de aeropuertos cuasi gemelos en el límite provincial entre Madrid y Toledo, uno a cada lado de la ‘frontera’ y a escasos 20 kilómetros de distancia entre sí.
El objetivo que persiguen los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre y José María Barreda pasa principalmente por atraer vuelos de negocios, pero en ambos casos el componente carguero tiene también una significativa importancia ya que el proyecto de aeropuerto de El Álamo (Madrid) incluye la construcción de una plataforma logística anexa de 150 hectáreas de superficie, ya contemplada como proyecto prioritario en el desarrollo del Plan de Infraestructuras Logísticas de Madrid, mientras que en el de Casarrubios del Monte (Toledo) se pretende atraer también el tráfico chárter de carga en pequeños aviones.
Salta a la vista que no parece muy lógico que se acometa la ejecución de dos infraestructuras similares en una distancia tan reducida y la única explicación para este entuerto se encuentra una vez más parapetada detrás del manido eufemismo de los intereses regionales, cuando quizá se debería hablar más bien de los intereses políticos de cada uno.
Pero es que todo esto se produce cuando están aún calientes episodios tan sangrantes como el fastuoso aeropuerto de Ciudad Real, prácticamente en barbecho en la actualidad y que va a costar un ojo de la cara a los contribuyentes, por no hablar de la última ampliación del aeropuerto de León en una región en la que el tráfico aéreo de mercancías es casi episódico.
Cada vez son más las voces dentro del sector que, con toda lógica si nos atenemos a disparates como los mencionados, reclaman un mayor rigor en la planificación de las infraestructuras de transporte en España.
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