Las críticas del sector, con propuestas constructivas para evitar los cuellos de botella en los PCF, no han caído en saco roto.
El estudio pormenorizado de la situación de los Puestos de Control Fronterizo (PCF), realizado por la Federación Española de Transitarios, arrojó unas conclusiones para salir corriendo. Entre las numerosas infeciencias detectadas: falta de comunicación de la Administración con el sector, diversidad de criterios en cada plaza, así como de sistemas informáticos y de procedimientos, y la falta de profesionales, sobre todo de especialistas. Esta es la cruz. La cara de la moneda es que, contra todo pronóstico, las críticas del sector, con propuestas constructivas para evitar los cuellos de botella en los PCF, no han caído en saco roto.
El Ejecutivo de Sánchez se ha puesto manos a la obra para revertir esta situación y reformar los servicios de inspección fronteriza. Así lo adelantaron los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un reciente encuentro celebrado en el puerto de Algeciras, uno de los más afectados por el desvío de tráficos como consecuencia del colapso de las inspecciones. El objetivo del Gobierno no es otro que impulsar medidas que eviten duplicidades y demoras en los procesos de entrada de los productos. Al mismo tiempo, los dos ministros insistieron en la necesidad de aprovechar todas las sinergias entre ministerios y las ventajas que proporciona la administración digital para modernizar la gestión, además de ahondar en la cooperación público-privada.
Queda mucho por hacer, sin olvidar la urgente necesidad de reabrir la Aduana de Melilla -un caso aparte-, pero la voluntad política ha quedado patente. Toca pasar de las palabras a los hechos, con medidas concretas que permitan avanzar hacia unos servicios de inspección propios del siglo XXI, en línea con el funcionamiento de los puertos del norte de Europa. La cuestión no es baladí. España es el cuarto exportador europeo y el séptimo del mundo, con unas ventas al exterior que generaron entre mayo de 2023 y abril de este año 71.700 millones de euros. Es de esperar que el Gobierno dé con la tecla y aporte soluciones a un problema que, desde hace años, lastra el funcionamiento del comercio internacional y coloca a España en una situación de clara desventaja respecto a otros países europeos.
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