La ampliación de Gijón, bajo sospecha, pone en jaque la bonanza financiera de los puertos

Fomento tiene 1.000 millones de euros ‘en el aire’ entre la devolución de las ayudas europeas, la batalla judicial de las constructoras y los préstamos pendientes de pago.

La ampliación de Gijón, bajo sospecha, pone en jaque la bonanza financiera de los puertos españoles. Fomento tiene ‘en el aire’ alrededor de 1.000 millones de euros entre la petición de devolución de la subvención europea, la batalla judicial de las constructoras, sin provisionar, y los préstamos pendientes de pago por el puerto asturiano

La ampliación del puerto de Gijón sigue bajo sospecha. La cuestión no es baladí, ya que 1.000 millones de euros están ‘en el aire’. La última piedra en el camino para el puerto español es la nueva investigación abierta por la Unión Europea, que ha detectado “irregularidades” tanto en la adjudicación de las obras, como en la aportación de algunos registros contables. Bruselas pone en cuestión las ayudas europeas aprobadas para la ejecución del proyecto, que ascienden a cerca de 250 millones (198 ya concedidos y 49,5 aún pendientes).

A esta millonaria cantidad se suma la batalla judicial abierta por las constructoras ACS, FCC, Sato y Alvargonzález, que reclaman desde el pasado año 354 millones de euros. Y para más inri, en los despachos de Fomento se dispara la preocupación por el día a día financiero de la Autoridad Portuaria que preside Rosa Aza, que mantiene préstamos por valor de 472 millones de euros, cuyos vencimientos tiene que atender anualmente.

Así las cosas, Fomento se juega en el puerto de Gijón 1.000 millones de euros. Esa sería la cantidad que se podría terminar pagando si Bruselas pide a España la devolución de las ayudas, los tribunales condenan a la dársena en la demanda interpuesta por las constructoras y se termina haciendo frente a los créditos que tiene la rada. El uso de los materiales empleados para acometer la obra es el gran ‘caballo de batalla’.

La investigación abierta desde Bruselas demuestra que el puerto fijó precios tras firmar la ampliación, considerando anómalo que la Autoridad Portuaria avalara el abono de la UTE Dique de Torres a la empresa HC Energía por la extracción de piedra de la cantera de Aboño. Esta censura de la actuación realizada se hace más evidente tras haberse conocido el informe emitido por la Oficina de Lucha contra el Fraude (Olaf), que ha sido calificado por la propia ministra Ana Pastor como “muy grave y muy serio”. Esta oficina insta a la retirada de todas las ayudas europeas concedidas para la obra.

El informe de la oficina antifraude choca con la reclamación abierta por las constructoras. Su informe viene a acreditar supuestas irregularidades en la obra, adjudicada en 499 millones en 2005, aunque el coste total se elevó hasta 750 millones, de los que 621 millones eran obra ejecutada, 82,5 de revisión de precios, 2,7 de estudios y trabajos relacionados y 44 de intereses. El informe ha sido remitido al Fiscal General del Estado y éste a Anticorrupción para que estudie acciones judiciales. La Olaf, que ha enviado el informe a los ministerios de Hacienda y Fomento, advierte de “irregularidades”, “fallos en el pesado de camiones”, “precios diferentes para la piedra al acordado” y “ausencia de controles por parte de las autoridades competentes”.

UNA AMPLIACIÓN SIN ACTIVIDAD
Mientras tanto, el dique del puerto de Gijón no tiene actividad. La regasificadora anexa sigue paralizada y los muelles están vacíos. El mercado no ha respaldado la obra. Ni un sólo inversor muestra interés. Al contrario, en privado, el negocio critica con dureza a las mentes pensantes de la macro ampliación, una inmensa explanada de hormigón paseada por los dirigentes de la dársena por las ferias sin éxito.

El puerto llegó a pintar una terminal de contenedores tras fracasar su plan inicial, que era el traslado de la terminal de graneles de Ebhi, de la que hoy sigue siendo el principal propietario, contraviniendo la Ley de Puertos que desde 2003 prohíbe que las autoridades portuarias sean propietarias de terminales.

Y es que “todo vale en el mundo de la gestión portuaria”, admiten empresarios del sector, que matizan que “el mercado ha dejado claro que, durante las dos legislaturas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España estuvo huérfana de una política portuaria homogénea, dejando en manos de aprendices unos puertos que, cuando están en manos de gestores profesionales, sí que suelen saben hacer los deberes”.

Sólo hay que ver los brillantes resultados financieros del sistema portuario en los últimos años, al margen del caso asturiano. La Autoridad Portuaria de Gijón ha sufrido pérdidas por 21 millones en los últimos tres años ante la obligación de tener que atender los créditos para financiar su elevado pasivo de 472 millones al cierre de 2013, entre los créditos que tiene que abonar al Banco Europeo de Inversiones por 248 millones y el préstamo concedido por Puertos del Estado de 215 millones. En 2011 se truncó la buena marcha de resultados del enclave que venía registrando entre 9 y 11 millones anuales de beneficios netos entre los años 2005 y 2010.