El ministerio público pide un total de 50 años de prisión para los siete acusados por los delitos de asociación ilícita y extorsión.
La ex junta directiva de Transcont y dos socios de la asociación de autónomos se sentarán el próximo octubre en el banquillo de los acusados de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona por los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión. La fiscalía pide penas por un total de 50 años de cárcel para los siete inculpados
La sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona juzgará el próximo octubre a la ex junta directiva de Transcont y a dos socios de la asociación de autónomos que opera en el puerto de Barcelona por los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión. La fiscalía pide penas por un total de 50 años de cárcel para los siete acusados y multas por 64.800 euros, además de reclamarles la devolución de los 402.000 euros de los que se apropiaron “de forma ilícita”. La Autoridad Portuaria de Barcelona, que se presenta como acusación particular, pide lo mismo que el ministerio público (había extendido la acusación a apropiación indebida, coacciones y daños).
La otra acusación particular ejercida por Ametraci, asociación de transportistas que también opera en el puerto de Barcelona, amplía los delitos de la fiscalía a daños, coacciones y alteración de la libre competencia contra la ex directiva de Transcont, excluyendo a los dos socios. Además de otras multas, sólo por los daños materiales provocados por los acusados a vehículos de socios de Ametraci reclama 682.663,89 euros. La defensa pide la absolución. Los acusados son Antonio García, alias El Pistolas, ex presidente de Transcont, Manuel Martorell, antiguo vicepresidente, Rafael Alcántara, ex secretario, los miembros de la ex junta, Rafael Molina y José María Bragado, y los socios Luis Valverde, alias Espinete, y José Luis Pulido, alias El Puma.
Las acusaciones pública y privadas consideran probado que los siete inculpados formaron un grupo perfectamente organizado jerárquicamente y con claro reparto de funciones para monopolizar, con ánimo de lucro, el transporte terrestre de contenedores en el puerto de Barcelona. Los acusados no dudaron en coaccionar a los transportistas que intentaban trabajar en la dársena para que pagaran un donativo, 6.000 euros por camión, a Transcont, dinero que fue a parar al bolsillo de los acusados.
Éstos se apropiaron así de 402.000 euros. La investigación arrancó en mayo de 2006 a raíz de una operación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante las denuncias de la Autoridad Portuaria y Ametraci, y que llevó a la cárcel durante casi dos meses a Antonio García, Manuel Martorell y José María Bragado.
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