Estima parcialmente un recurso de Autisa por un presunto delito de falsificación de firma.
Un auto de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, fechado el 4 de noviembre de 2010, ha estimado parte del recurso de apelación presentado por la compañía especializada en compraventa de camiones Autisa por la presunta falsificación de firma en algunos documentos, que posteriormente fueron utilizados por VFS Financial, financiera de la multinacional Volvo, para acusarle de un presunto delito de falsedad.
En el auto, la Audiencia de Madrid ordena la práctica de las diligencias que se estimen necesarias por parte del juez instructor del caso y hace especial mención a que se realice una prueba “pericial caligráfica ya pedida por el querellante (Autisa), que es la prueba esencial en este tipo de delitos”. Según el nuevo auto judicial, en el anterior dictado por el juez del juzgado de instrucción número 11 de Madrid el pasado 22 de febrero de 2010, se llegaba a conclusiones “precipitadas y que sin practicar otras diligencias, además de la declaración de los querellados, no es posible negar carácter delictivo a los hechos denunciados”, porque en la querella de Autisa se exponen unos hechos “que, a nivel indiciario, son constitutivos de delito, pues firmar unos documentos haciéndose pasar por el querellante, imitando su firma, podrían constituir un delito de falsedad”.
El auto establece también la contradicción del juzgado de instrucción número 11 al acordar a la vez el sobreseimiento libre al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y al mismo tiempo el sobreseimiento provisional, porque no se pueda imputar la comisión del delito a los querellados de VFS. Autisa presentó concurso de acreedores en septiembre de 2009. Previamente, VFS le obligó a entregar camiones y bienes por valor de 14 millones de euros y 370 solicitudes originales de vehículos, según señala Autisa.
Desde ese momento, las relaciones comerciales entre la compañía Autisa y VFS han derivado en un conflicto judicial de carácter mercantil que ha obligado a Autisa a demandar a VFS por la propiedad de esos 370 camiones, valorados en 25 millones de euros. A esta cifra se podrían sumar otros 14 millones de euros en vehículos si el administrador concursal o algún acreedor promoviera acciones rescisorias para que estos vehículos sean reintegrados a Autisa.
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