El Tribunal confirma la participación del sindicato en el ‘cártel camionero’ del puerto de Bilbao entre 2002 y 2006 mediante acuerdos para “repartir el mercado” y “fijar precios”.
La Audiencia Nacional tumba el recurso de Sintrabi y ratifica la sanción de 4,6 millones impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia en octubre de 2011. El Tribunal confirma la participación del sindicato en el ‘cártel camionero’ del puerto de Bilbao entre 2002 y 2006 mediante acuerdos para “repartir el mercado” y “fijar precios”.
La Audiencia Nacional tumba la demanda de Sintrabi y ratifica la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia, que en octubre de 2011 impuso al sindicato una multa de 4,6 millones por “crear un cártel en el puerto de Bilbao para los servicios de transporte de mercancías por carretera en un radio de 200 kilómetros”. La sentencia, a la que ha tenido acceso TRANSPORTE XXI, desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Sintrabi, que sólo contiene una “diferente interpretación jurídica” de las prácticas restrictivas objeto de la sanción, calificadas de “muy graves”, pero no niega las mismas.
El Tribunal considera probado que entre los años 2002 y 2006, ambos incluidos, el sindicato de transportistas participó en el establecimiento de acuerdos para “limitar el acceso a las infraestructuras portuarias, imponer unas tarifas por los servicios de transporte de mercancías por carretera y repartir el mercado entre los participantes en el cártel”. La Audiencia Nacional determina que esta infracción fue cometida por Sintrabi y las empresas comercializadoras C.B. Bilbao (en concurso de acreedores), Bidetrans (en liquidación) y Transmeta (en liquidación), que ya fueron sancionados en 2001 por el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia por formar parte de un cártel que fijaba las condiciones del transporte por carretera en el puerto de Bilbao.
La multa confirmada a Sintrabi por la Audiencia Nacional es el resultado de un largo proceso, que se remonta a noviembre de 2007, cuando el sindicato realizó el sorteo de diez licencias, “sin cobertura legal”, para poder operar en el puerto, así como una recomendación a sus asociados para subir los precios.
INVESTIGACIÓN POLICIAL
En agosto de 2008, durante la información reservada, la Audiencia Nacional, que dos años antes había abierto una causa penal contra dirigentes del sindicato y empresarios de la dársena, dictó un auto en el que se ordenaba el traslado de los informes policiales de la investigación a Competencia, por entender que “las prácticas restrictivas se seguían llevando a cabo” en la rada. El expediente, que incluía grabaciones telefónicas e informes de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza sobre el resultado de la documentación incautada en las sedes de Sintrabi, Transmeta, C.B. Bilbao y Bidetrans, sirvió para probar su participación en el ‘cártel camionero’ del puerto de Bilbao.
Como ya avanzó este periódico, las conclusiones de la Dirección de Investigación eran concluyentes. La reciente sentencia del Tribunal recoge que “Sintrabi organizaba el transporte de mercancías en el puerto de Bilbao a través de distintas mesas sectoriales o comisiones, según los productos transportados”, que “limitaban el número de camiones que podían acceder a la dársena”, mediante los llamados “números, plazas o licencias”.
Además, “se repartían los clientes” y “fijaban precios de obligado cumplimiento, muy superiores a los de mercado”. La sentencia también corrobora que “para garantizar que se cumplían estos acuerdos, los miembros de las mesas correspondientes amenazaban y castigaban a quienes los incumplían”. De hecho, “cada mesa tenía sus propios ‘vigilantes’, miembros de Sintrabi”, encargados de “garantizar que sólo entraban los camiones con plaza”, cuyo “traspaso se hacía previo pago de una cantidad económica”, bajo la “autorización de la mesa correspondiente y de los altos cargos de Sintrabi”.
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