El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha hablado. El Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el mal llamado ‘céntimo sanitario’, vulnera la legislación comunitaria.
La sentencia, que abre la puerta a la reclamación de una parte importante de los 13.000 millones recaudados por este gravamen, que aplicaban la mayoría de las Comunidades Autónomas, afirma, además, que el Gobierno español “no obró de buena fe”.
Podría ser el punto y final de una historia que arrancó en 2002, cuando el ‘padre de la criatura’, Cristóbal Montoro, que también fue ministro de Hacienda en el gobierno de Aznar, se sacó de la manga este impuesto con el objetivo de financiar las nuevas competencias transferidas a las autonomías en materia sanitaria, además de actuaciones medioambientales.
Sin embargo, si se cumplen los peores augurios, el fallo judicial sólo será un punto y seguido. Expertos jurídicos consultados por TRANSPORTE XXI aseguran que el nuevo recargo, en vigor desde el 1 de enero de 2013, fecha en la que dicho tributo se integró en el Impuesto especial sobre los Hidrocarburos, incurre en los mismos defectos que el anterior.
Es decir, “es ilegal”. Claro que para saberlo a ciencia cierta tendría que repetirse otro ‘caso Besora’, cuya demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para la devolución de los 45.600 euros que tuvo que pagar la compañía entre 2005 y 2008 por este impuesto fue el desencadenante de todo este proceso.
El tiempo lo dirá. De momento, la batalla del transporte por carretera está en lograr la devolución del ‘céntimo sanitario’, cuya cuantía, sólo en lo que concierne al sector, podría oscilar entre los 3.500 y 4.000 millones de euros. No será tarea fácil.
De hecho, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha apresurado a subrayar que el proceso de la ejecución de la sentencia “llevará su tiempo”. Seguro que si hubiese salido a pagar, los transportistas ya habrían tenido que pasar por caja.
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