El Acta de conciliación de la Audiencia Nacional, relativa al II Acuerdo General de Transporte de Mercancías por Carretera, que incluye en su ámbito de aplicación la actividad de logística y mensajería, ha vuelto a poner al descubierto la inmensa cantidad de puertas abiertas que hay en el sector para hacer trizas la libre competencia.
El acuerdo en cuestión, firmado por las patronales AEM, CETM y CEOT (integrada por UNO, Astic y Anatrans), recoge que las empresas de paquetería y mensajería con autorización de operador de transporte tendrán que aplicar convenios de transporte.
Es decir, sólo las mensajeras “puras”, las menos, podrán acogerse a su convenio sectorial. La cuestión no es baladí, ya que las diferencias entre los convenios de empresas paqueteras y mensajeras que pelean en el mismo mercado llegan a duplicar salarios en determinados casos.
Sin embargo, ésta no es la única distorsión. La relación de convenios de transporte existente, hasta un total de 52, es un disparate. Las diferencias económicas entre unos y otros es tal, que se está disparando la deslocalización de empresas, de unas provincias a otras, para reducir costes y ganar competitividad.
Y si añadimos a la ecuación el diferente tratamiento fiscal entre empresas y autónomos, el resultado es claro: más de 100.000 empresas en España, que se antojan demasiadas. La pregunta es obligada.
¿Qué modelo de empresa quiere el Gobierno? La respuesta está en la LOTT, aprobada por el Congreso, que era una gran oportunidad para ir a un modelo de empresas más grandes, similar al del resto de Europa. ¿Por qué no ha avanzado Fomento en esa dirección? ¿No ha sabido o no ha querido?…
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