Tras la firma del II Acuerdo General del transporte por carretera, allá por el mes de noviembre del pasado año, el titular de Fomento, José Blanco, subrayó que el convenio alcanzado suponía “un hito en la mejora de las relaciones laborales en el sector” y sentaba las bases para “modernizar la negociación colectiva”. Cinco meses después, el acuerdo continúa, sorprendentemente, durmiendo el sueño de los justos.
Y es que el Ejecutivo parece que no ha tenido tiempo aún de llevar a cabo la reforma de la normativa sobre jornadas especiales de trabajo, según lo acordado por la patronal y los sindicatos en un intento por corregir la “desastrosa” transposición de la Directiva europea, condición “indispensable” para la publicación del convenio, tal y como se recoge en la disposición final del citado documento.
Es cierto que una modificación de estas características no se puede realizar de un día para otro, pero cinco meses parece tiempo más que suficiente para que Trabajo tuviese ya los deberes hechos, siempre y cuando, claro está, este asunto constituya una prioridad en la agenda de trabajo del Gobierno. Pero no toda la culpa de esta situación surrealista es de la Administración.
El sector también debería hacer autocrítica, porque no es de recibo que no haya puesto toda la carne en el asador para lograr desprenderse cuanto antes del lastre de una “rígida” normativa que han tachado de “atentado a la competitividad de las empresas españolas de transporte por carretera”. Una falta de liderazgo que ha vuelto a quedar plasmada en el acuerdo alcanzado recientemente con los cargadores.
La meta estaba clara: ‘traer’ la legislación francesa para resolver los problemas de morosidad en la subcontratación en cascada, lograr el pago a 30 días y la revisión automática del gasóleo. El camino recorrido, sin embargo, ha sido bien distinto. El sector continúa navegando sin rumbo fijo y así es muy difícil llegar a buen puerto, aún con vientos favorables.
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