“Somos la gran caja registradora de la UE”, lamenta Marcos Basante, presidente de Astic y de la Fundación Corell, y avisa que “los objetivos de descarbonización de Bruselas son irrealizables”.
La carretera se siente penalizada fiscalmente con respecto a otros modos de transporte y otros sectores económicos, según se puso de manifiesto en el marco de la jornada ‘Regulación y fiscalidad verde del transporte terrestre’, organizada ayer en Madrid por la Fundación Corell.
“El transporte tiene una contribución neta de más de 12.000 millones de euros anuales al Estado a través del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH)”, recordó Marcos Basante, presidente de Astic y de la Fundación Corell. En este sentido, “detrás de la fiscalidad de los nuevos combustibles verdes tiene que haber un análisis de por qué se recauda y cómo se gasta”, aseguró. Precisamente, desde la Fundación Corell “vamos a seguir analizando esta fiscalidad para sentar las bases de una estructura que empiece de una vez por los cimientos y no por el tejado”, advirtió.
Teniendo en cuenta que Europa cuenta con un parque de camiones de 6,5 millones de unidades frente a los más de 150 millones del resto del mundo, “¿por qué Bruselas fija unos objetivos tan ambiciosos en materia de descarbonización para el sector y otros países como China, India o Rusia no?”, se preguntó. “Somos la gran caja registradora de la UE”, lamentó, a la par que avisó que “los objetivos propuestos por la UE son irrealizables en 10 años”. En esta línea, “la realidad es que nuestro sector no es capaz de digerir esta transición”, sentenció.
Por su parte, Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic, reiteró que “no podemos cumplir lo que se pide, porque si una empresa de transportes pide 300 camiones eléctricos no se los van a poder dar ni en cinco años”, ejemplificó. Ante la dificultad de la industria fabricante de proporcionar camiones eléctricos, “esto es simplemente una manera de recaudar más”. En la práctica, “se nos está colocando en un callejón sin salida”, reseñó Valdivia.
A su vez, José Manuel Vassallo, catedrático ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, reconoció que el sector del transporte por carretera está “sobregravado fiscalmente” respecto al resto del transporte y respecto a otros sectores económicos. “Me parece muy bien la lucha contra el cambio climático, pero lo primero que hay que valorar es la fiscalidad que tiene ya la carretera, porque se la está penalizando y se está generando una distorsión frente a otros sectores”, incidió Vassallo.
Para el catedrático, “la distorsión viene porque el IEH no se aplica al carburante en sí. Solamente se aplica al que utiliza el transporte por carretera, pero no para el avión, el barco o la calefacción industrial, por ejemplo”, afirmó. “Es el impuesto especial que, con diferencia, recauda más y que está provocando una desigualdad importante”, advirtió.
La UE va a imponer a partir de 2027 un sistema de comercio de emisiones de CO2 al transporte por carretera y a esto se suma la nueva directiva de la Euroviñeta, que “pretende imponer una tasa por costes externos por emisiones de CO2, que se situaría en torno a los 8 o 9 céntimos de euro por kilómetro en vehículos pesados”, anticipó Vassallo. “No serán compatibles un sistema de derechos de emisiones y la tasa, pero si no es uno será el otro”, alertó.
En este aspecto, “con el impuesto especial de hidrocarburos ya se están tarifando los costes externos de la carretera, por lo que añadir un nuevo impuesto provocará una distorsión tremenda”, aseguró Vassallo. “Seamos claros, pongamos un precio del CO2 con independencia de quién lo emita, porque en la fabricación de vehículos eléctricos también se emite, pero el problema es mantener también el IEH”, incidió.
Comercio de emisiones
Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras y Transporte de KPMG España, dejó claro que entiende “la enorme preocupación del sector sobre la fiscalidad verde”. Pérez puso el foco en aspectos concretos como el sistema de comercio de emisiones (ETS) para el transporte por carretera a partir de 2027, el plan ‘Fit For 55’ o el ‘European Green Deal’, que contemplan objetivos tan ambiciosos como reducir al 55 por ciento las emisiones en 2030 y al cero por ciento en 2050. “Estas normativas van a generar una presión sobre todos los eslabones de la cadena de valor”, advirtió Pérez.
Por su parte, José Ramón Freire, director general de la Asociación Española Bioetano (Bio-E), reconoció que ya prácticamente niega el cambio climático, pero “otra cosa son los plazos razonables que podemos marcarnos”. En este sentido, “para esta realidad necesitamos alternativas sostenibles también económicamente”. En caso contrario, “las empresas no van a tener alternativas sino un impuesto y entiendo que la fiscalidad tiene que compensar para orientar”, argumentó. Por ejemplo, “si bajamos la fiscalidad de los Ecocombustibles, les estoy llevando a los transportistas por ahí”, matizó.
Por su parte, Pedro Sanz, del área de eMobility de Daimler Truck, señaló que para acelerar la transición tecnológica hacia los camiones eléctricos se necesita “producto, paridad de costes e infraestructura”. Sanz apuntó que producto ya existe, pero se necesitan incentivos para alcanzar la paridad de costes y que se avance en infraesctructuras de recarga.
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