La Comisión Europea acaba de remitir un pliego de cargos a nueve de las principales multinacionales del transporte y la logística, a las que acusa de supuestas prácticas para concertar precios en la industria transitaria de la carga aérea. La investigación abierta por Bruselas en octubre de 2007 ha ido paralela a otra iniciada en la misma fecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha inspeccionado a las mismas empresas en base a idéntica acusación, por lo que las pesquisas de uno y otro lado del Atlántico van de la mano.
En España, diez transitarias también se enfrentan a una multa de la Comisión Nacional de la Competencia por fijar precios en sus actividades de transporte por carretera. A nadie se le oculta que el sector transitario, tanto a escala internacional como nacional, está sujeto a una viva competencia, que bien podemos calificar de brutal en aras de mantener a los clientes o hacerse con otros nuevos.
Pero esta misma situación puede ser palanca, que nunca justificación, para caer en la tentación de concertar precios en la industria. Además, en los años anteriores a la crisis, el sector del transporte y la logística ha sido testigo de numerosos procesos de integración entre grandes corporaciones, en los que se han invertido miles de millones de euros. Otro motivo este, que nunca justificación, para caer en la tentación de fijar precios, una práctica penalizada por todos aquellos Gobiernos que defienden la libertad de mercado, que es el mismo discurso de las propias empresas.
No es descabellado pensar que los procesos abiertos en Bruselas y en España terminarán con sanciones económicas a las empresas. La CE cuenta con la colaboración de DP DHL, que ha confirmado las prácticas y se ha ganado la inmunidad. Algo parecido habría ocurrido en España aunque con distinto protagonista. Sólo queda felicitar a las autoridades de Competencia, pues su trabajo es positivo para el sector y el comercio internacional.
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