Asegura que se cometieron “irregularidades, incluso fraude”, bien directamente por la Autoridad Portuaria de Gijón o por las constructoras en “connivencia” con la dársena.
La Comisión Europea ve indicios de delito en el proyecto de ampliación del puerto de Gijón y habla de “malversación de fondos”. El informe de la Oficina Europea Antifraude recoge que se cometieron “irregularidades, incluso fraude”, bien directamente por la Autoridad Portuaria o por las constructoras en “connivencia “ con la dársena
El portavoz del Partido Popular en la Comisión de Fomento del Congreso, Andrés Ayala, afirmó el 18 de febrero, durante una comparecencia del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, que hubo “gastos injustificados” en el puerto exterior de Gijón. A la luz de los resultados de la investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se quedó corto en sus declaraciones. El informe, compuesto por 341 folios, que hizo público Foro Asturias, es demoledor y sentencia que “hay motivos para pensar que se han cometido delitos que pueden afectar a los intereses financieros o de otra índole de la UE”. El organismo europeo también señala que “los hechos constatados podrían se constitutivos de infracciones penales” y habla de “malversación de fondos” y “fraude”.
La Comisión Europea ha enviado ya una carta al Ministerio de Hacienda en la que pregunta si el Gobierno español seguirá la recomendación de la OLAF de recuperar las ayudas europeas destinadas a la financiación de las obras de ampliación del puerto de Gijón, que ascienden a 198 millones, según explicó la portavoz de Política Regional, Shirin Wheeler. En la misiva, el Ejecutivo comunitario expresa su disposición a “explorar las posibilidades de un acuerdo” que evite que la disputa acabe ante el Tribunal Europeo de Justicia. Las autoridades españolas tienen de plazo para responder hasta el 11 de junio, aunque la Comisión ve pocas posibilidades de llegar a un acuerdo. De hecho, el Ejecutivo de Rajoy expuso recientemente en el Congreso que “se espera hacer valer ante las instituciones europeas que los fondos se destinaron al fin para el que habían sido otorgados”.
INICIO DE LAS INVESTIGACIONES
La OLAF abrió en diciembre de 2010 una investigación sobre la ampliación del puerto de Gijón, cuyo coste se disparó de 450 a 715 millones, a partir de una denuncia presentada en 2009 en la que se establecían ciertas “irregularidades”. En el apartado de conclusiones, el organismo europeo advierte que la UTE Dique Torres (formada por Dragados, FCC, SATO, Drace y Alvargonzález Contratas), adjudicataria de las obras, le denegó el acceso a los documentos contables, lo que constituye una “infracción grave” de las directivas de la UE y la legislación nacional sobre la contratación pública.
La OLAF concluye, además, que “se han cometido graves irregularidades, incluso fraude, bien directamente por la Autoridad Portuaria de Gijón -presidida entonces por Fernando Menéndez Rexach-, bien por la UTE Dique Torres en connivencia con el organismo portuario”. El informe también señala que el proyecto modificado no fue aprobado por la CE, por lo que resulta “incomprensible” que el puerto de Gijón aceptara un incremento de más de 250 millones al invocar al aumento del precio de los materiales suministrados por las canteras para la ampliación.
Hay que tener en cuenta que “la empresa adjudicataria había firmado un contrato para la extracción, sin contraprestación directa alguna, de unos 24 millones de toneladas de piedras, representando alrededor del 75 por ciento de la totalidad de los materiales utilizados”, según recoge el informe de la OLAF. Por último, Antifraude pone encima de la mesa un “posible conflicto de intereses”, ya que SATO, que forma parte de la UTE adjudicataria de las obras, era también propietario de la primera cantera de la que se extrajo material.
Siguiendo esta línea de argumentación, el informe subraya que “parece que hubiera existido, posteriormente a la adjudicación del contrato, una clara intención de renegociar los términos esenciales del mismo”. De este modo, añade el documento, “resulta que un posible licitador que tuviera un vínculo con la cantera de Aboño -en clara alusión a SATO- se beneficiaría de una ventaja sobre el resto”, debido a que “podría influir en el precio final de las piedras suministradas”.
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