La CEOE se ha mostrado muy crítica con el Plan de Infraestructuras y Transportes (PITVI) elaborado por Fomento para 2012-2024, que espera movilizar 120.000 millones, esa gran obra maestra que todos los ministros quieren dejar a modo de huella indeleble de su tránsito por este negociado, aunque ninguno se concluye y sólo permanece en la memoria el acrónimo de los mismos.
El examen que la CEOE hace del plan de la ministra Pastor es acertado en toda su extensión. El PITVI, al igual que sus antecesores, obvia “la indispensable elaboración obligatoria de un análisis de coste/beneficio en cada proyecto, de manera que permita compararlos según su eficacia económica y social para establecer prioridades”, subraya la organización que preside Rosell. Esta omisión muestra claramente que el Gobierno de Rajoy no ha aprendido absolutamente nada de los errores del pasado, de los tiempos no muy lejanos de bonanza en los que su antecesor en La Moncloa y muchas CCAA se comportaron como enfermos despilfarradores del dinero ajeno, situando el país al borde la quiebra.
Más allá de las obras de interés social, no se entiende que en pleno siglo XXI el Gobierno de turno no realice un análisis metódico y concienzudo del retorno económico previsto en cada una de las actuaciones de infraestructura que tiene previsto acometer, y menos aún se comprende esta indolencia cuando se argumenta que el presupuesto del PITVI es restrictivo debido a la más larga y profunda recesión que este país ha sufrido en los últimos 70 años.
Hay otro párrafo de las alegaciones de la CEOE al plan de Pastor que merece la pena consignar porque es más de lo mismo: “Procede una reducción de partidas destinadas a gasto corriente improductivo y la desviación de esos fondos para partidas concretas para el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras”. ¿Pero no ha repetido este Gobierno hasta la saciedad que es necesaria una racionalización del gasto público?
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