La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se ha mostrado muy crítica en relación con el Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, entre las que destaca la división de Renfe en cuatro sociedades (viajeros; mercancías y logística, fabricación y mantenimiento; y arrendamiento de activos ferroviarios). En su opinión, debería garantizarse “la absoluta independencia” de las unidades de fabricación y de arrendamiento de material rodante para facilitar una verdadera liberalización del sector, ya que la escasa oferta de material rodante puede constituir una barrera de entrada para los nuevos operadores o para los ya instalados. Añade que lo verdaderamente favorecedor de la competencia sería que Renfe accediese a la capacidad de red en los mismos términos y cauces que el resto de operadores presentes y potenciales.
La CNC considera que debe procederse a revisar en profundidad la regulación del sector, tanto de pasajeros como de mercancías, para conseguir introducir una verdadera competencia efectiva que trascienda la mera liberalización formal. Para ello, “jurídicamente resultaría más robusto que desapareciese la matriz Renfe y las cuatro entidades pasaran a depender directamente de SEPI como empresas independientes. También ofrecería mucha mayor garantía la entrada de socios privados con capacidad de decisión operativa, con la participación que se considere. Los socios deberían ser distintos para cada sociedad, para evitar intereses cruzados”. La liberalización en mercancías “debe ser plena y efectiva también si se presta en las redes autonómicas de cercanías”, caso de País Vasco y Cataluña, porque un funcionamiento deficiente en estos ámbitos geográficos puede repercutir negativamente sobre las condiciones competitivas de la prestación del servicio a nivel nacional. ¿Hará caso el Gobierno de las recomendaciones de la CNC? Veremos.
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