Las subvenciones a Sernam y la venta de C. Hartwig Katowicze están en el punto de mira.
A medida que los Estados europeos recuperan partes de mercado en el sector del transporte y la logística a través de la creación de grandes consorcios encabezados por una empresa pública, crece la sospecha de que se está empleando el dinero de los contribuyentes para crear situaciones de ventaja a favor de las empresas estatales
Un proporción significativa del mercado europeo del transporte ha estado siempre asociada al sector público, y a pesar de varias décadas de liberalización y desregulación, esta situación muestra escasos signos de cambio. De hecho, en años recientes, los Estados ha incrementado su dominio con operaciones de compra agresivas por parte de empresas públicas como el ferrocarril alemán (Deutsche Bahn), el francés (SNCF), caso de DHL, Schenker, Geodis, DPD y GLS, así como numerosas aerolíneas, que han sido nacionalizadas en parte o totalmente. La propiedad de empresas privadas por parte del sector público crea un riesgo, o al menos la percepción de un riesgo, de que el dinero de los ciudadanos sea empleado para crear ventajas injustas sobre las empresas del sector privado.
Por ejemplo, Deutsche Post acaba de finalizar una larga batalla con la Comisión Europea sobre acusaciones de perversión de la libre competencia y de que la empresa financió ilegalmente su pantagruélico crecimiento externo gracias a los jugosos ingresos generados por el monopolio del correo alemán. Pero las sospechas de que los gobiernos siguen inmiscuyéndose en las dinámicas naturales del mercado del transporte en Europa han adquirido peso recientemente con el anuncio de dos nuevas investigaciones de la Comisión Europea. La primera afecta a una ayuda del gobierno francés a la empresa Sernam, anterior operador de servicios de transporte por carretera de la SNCF.
Esta investigación se centrará en la ejecución en Francia de una decisión de la CE de 2004 autorizando una ayuda de 503 millones de euros para Sernam, pero que requería la devolución de 41 millones que la empresa ya había recibido. Varias quejas fueron elevadas a la CE, reclamando que la suma no había sido devuelta. También, las empresas privadas se quejan de que Sernam no fue vendida siguiendo las instrucciones de la CE al respecto, y que justo antes de ser enajenada recibió una inyección de capital de la SNCF. La segunda investigación envuelve a los subsidios proporcionados a la empresa pública polaca de transporte por carretera C. Hartwig Katowice.
Las autoridades polacas deberán demostrar que las medidas de reestructuración efectuadas en la compañía a cambio de la ayuda restaurarán la viabilidad a largo plazo de la empresa. También se analizarán las condiciones de venta a PKP Cargo, empresa pública de ferrocarril, y el precio de la operación. La CE señala que aún no cuenta con la certeza de que C. Hartwig Katowice será vendida en las “condiciones normales de mercado”, y sin que PKP Cargo disfrute de ninguna ventaja sobre el resto de candidatos. A media que la competencia en Europa se encarniza, los gobiernos pueden temer que si se eliminan los grandes consorcios públicos, el empleo podría sufrir. Sin embargo, esto afecta a los pequeños y medianos operadores, que constituyen la mayor parte del mercado.
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