La Consejería de Empleo desestima el recurso de la paquetera contra la resolución que rechazaba la extinción de 95 empleos.
La Comunidad de Madrid ha enterrado definitivamente el expediente de regulación de empleo de UPS en la región, que perseguía el cierre de su centro de trabajo en Vallecas. La Consejería de Empleo ha desestimado el recurso de alzada presentado por la paquetera contra la resolución en la que rechazaba la extinción de 95 puestos de trabajo
La Comunidad de Madrid ha puesto punto final a la aspiración de la multinacional UPS de cerrar su centro de trabajo de Vallecas vía expediente de regulación de empleo (ERE). La Consejería de Empleo de Madrid ha desestimado el recurso de alzada que la paquetera interpuso después de conocerse la resolución del citado organismo en la que echaba por tierra el expediente de regulación de empleo regional. UPS había recurrido al expediente regional después de que el Ministerio de Trabajo rechazase también en dos ocasiones un ERE a nivel nacional que también encerraba el objetivo de cerrar el centro de trabajo de Vallecas, como se reconocía en la misma resolución.
El expediente regional presentado por UPS contemplaba la extinción de 95 puestos de trabajo, la mayoría adscritos al centro de Vallecas, uno de los tres que tiene operativos la multinacional en Madrid, junto a las oficinas centrales de Alvento y la plataforma de Coslada. Centro de Vallecas Con todo este proceso, UPS ha buscado cerrar el centro de Vallecas, que está integrado por conductores asalariados y trasladar toda su operativa a Coslada, donde trabajan conductores autónomos, pero se ha encontrado con la oposición de la Administración, tanto central como regional.
En este sentido, la resolución que tomó en su momento el Ministerio de Trabajo ha sido calcada en la práctica por la Consejería de Empleo de Madrid. En ambos casos se ha considerado que el expediente no se sustenta en ninguna causa objetiva, ya sea de tipo económico, organizativo o de producción. En el caso de la reciente orden de la consejera de Empleo y Mujer de Madrid, Paloma Adrados, en la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por UPS y a la que ha tenido acceso este periódico, se vuelve a considerar clave el informe elaborado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social realizado en mayo pasado en el que se cita textualmente que “no se niega la existencia de las pérdidas reflejadas en los documentos contables aportados, pero si la existencia de una situación de crisis económica susceptible de apoyar un expediente de regulación de empleo con fines extintivos”.
En los mencionados documentos contables se cifraba el descenso de las operaciones de UPS en el mercado doméstico madrileño en un 16,8 por ciento. Además, la resolución que desestima el recurso de alzada recuerda que según el inspector de trabajo actuante, “las propuestas formuladas por la empresa tienen un carácter vago e impreciso”. Como consecuencia de esta resolución, UPS sólo cuenta ya con la posibilidad de interponer un recurso contenciosoadministrativo para sacar adelante el mencionado expediente, si bien fuentes jurídicas han confirmado a este periódico que el proceso se dilataría por un período no inferior a los dos o tres años.
Visto lo visto, los responsables de UPS en España han intentado dar un nuevo giro a la situación, para lo que han puesto en marcha un proceso de prejubilaciones para los trabajadores de más de 50 años adscritos al centro de Vallecas, así como de bajas incentivadas (indemnización de 60 días por año trabajado) para los trabajadores que no alcancen esa edad. Según fuentes solventes, al citado proceso se habrían apuntado 27 trabajadores de Vallecas (24 prejubilaciones y 3 bajas incentivadas), con lo que la plantilla actual del centro ha quedado reducida a 96 trabajadores.
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