La denuncia de los privados (UOTC) fue presentada hace casi un año ante el entonces Servicio de Defensa de la Competencia, que dependía de un consejero de la pública.
La Unión de Operadores de Transporte Combinado (UOTC), integrada en Astic, no sabe nada aún de la demanda presentada hace casi un año contra la pública Renfe ante el entonces Servicio de Defensa de la Competencia, ahora Consejo Nacional de la Competencia, dependiente de la cartera de Solbes
La citada denuncia acusaba a Renfe Mercancías de abuso de posición dominante en el mercado y fue interpuesta ante el Servicio de Defensa de la Competencia el 28 de febrero de 2007, días después de que la pública cancelara de manera unilateral los contratos que tenía con los privados e incrementara los precios del servicio multicliente entre un 25 y un 30 por ciento. Según la demanda, “la modificación intempestiva y sin justificación objetiva de los precios y las condiciones de pago y suministro” por parte de Renfe es “una conducta prohibida” por las leyes de Defensa de la Competencia y de Competencia Desleal.
Sin embargo, casi un año después, la demanda de la UOTC continúa sin obtener respuesta. “Está en información reservada y sigue su curso normal”, aseguran responsables del Consejo Nacional de la Competencia, donde ha quedado integrado el Servicio de Defensa de la Competencia, ahora con el nombre de Dirección de Investigación, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Defensa de la Competencia el 1 de septiembre de 2007. Cuando la UOTC presentó la demanda ante el Servicio de Defensa de la Competencia, este órgano dependía directamente de la Secretaría General de Política Económica y Defensa de la Competencia, cuyo titular es Angel Torres Torres, que a la sazón es miembro del Consejo de Administración de Renfe desde 2005, dato éste último confirmado por la pública.
Hay que recordar que es el Consejo de Administración de Renfe quien ha aprobado la política comercial aplicada en el negocio de la carga y denunciada por la UOTC ante Defensa de la Competencia. Y también que una de las funciones de la secretaría de Angel Torres es “coordinar las actuaciones relativas a la defensa de la libre competencia”, según reza en la web de Economía.
No obstante lo anterior, la ley no marca incompatibilidades en este caso y, según los expertos consultados, “esta secretaría general no participa en la tramitación de la denuncias”. Con la entrada en vigor de la nueva Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia se creó el Consejo Nacional de la Competencia, que depende del secretario de Estado de Economía. Este organismo ha absorbido las tareas y los equipos humanos del Servicio y del Tribunal de Defensa de la Competencia, que han desaparecido.
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