El borrador de Ley de Economía Sostenible, donde quedará recogido el nuevo impuesto que grava el combustible, no contempla contraprestaciones significativas para el sector.
El anuncio de Zapatero de crear un tasa verde para cuadrar las cuentas de 2010 ha soliviantado al sector del transporte por carretera, que advierte que cualquier nuevo impuesto iría en contra de los acuerdos de junio de 2008. Por el contrario, el borrador de Ley de Economía Sostenible, que recogería la nueva tasa, no contempla contraprestaciones para el sector
Las patronales de transporte por carretera se han puesto en pie de guerra ante el anuncio del Gobierno de Zapatero de crear una tasa verde sobre el combustible para penalizar las emisiones de dióxido de carbono (CO2), impuesto que quedará recogido en la nueva Ley de Economía Sostenible, que, en principio, se aprobará a lo largo de este mes de octubre. Es muy poca la información de que disponen las organizaciones sectoriales nacionales sobre la citada tasa.
Lo único que ha transcendido es que será parecida a la que el presidente Sarkozy implantará en Francia a partir de 2010, que será sobre una base de 17 euros por tonelada de CO2 y que pagarán por igual empresas y ciudadanos. La CETM de Marcos Montero ha dejado muy claro que “a las empresas del sector se nos quitan las ganas de invertir con anuncios como el del Ejecutivo de Zapatero”.
Por su parte, Pere Padrosa, presidente de Astic, asegura que “tendremos que tomar cartas en el asunto” y “discutir muy mucho con el Ejecutivo” cualquier nuevo impuesto sobre el gasoil, “se llame ecotasa o se llame euroviñeta”. Padrosa recuerda que cualquier nueva imposición sobre el combustible iría contra la acuerdos firmados por el sector y el Gobierno en junio de 2008. Según estos acuerdos, el Gobierno se comprometió a defender un umbral de fiscalidad de los carburantes que permita mantener la competitividad del sector del transporte por carretera.
En la actualidad, el citado umbral se sitúa en 269,86 euros por cada 1.000 litros. Es decir, todo lo que supere este tipo impositivo le es devuelto al transportista por la Administración con el límite de 50.000 kilómetros por año y por vehículo. Las organizaciones tienen muy claro que no aceptarán ninguna nueva tasa ecológica que suponga un aumento de su actual fiscalidad. “Hay mucha tela que cortar en el asunto. Según los acuerdos de octubre, una tasa de este tipo sólo podría salir adelante si fuera un imposición de Bruselas, que aún no es el caso”, señalan otras fuentes.
Pere Padrosa, presidente de la patronal de internacional Astic, también abunda en este punto: “la Ecotasa tendría que venir impuesta desde Bruselas y aparecer directamente en la factura, al margen de lo que son los servicios de transporte, porque si no nos las comemos. Y lo digo así de claro porque todas las empresas de transporte estamos recibiendo, por ejemplo, las facturas de nuestros proveedores de neumáticos, donde pagamos un tasa de residuos por valor de seis euros más allá del precio del producto”.
El Ejecutivo comprometerá inversiones millonarias para el ferrocarril de carga en la futura Ley de Economía Sostenible
El ferrocarril para mercancía es la niña bonita de la nueva Ley de Economía Sostenible, según se desprende del borrador al que ha tenido acceso TRANSPORTE XXI (ver cuadro de la página 14). Por el contrario, al transporte de mercancías por carretera, que a la sazón será el modo que más sufrirá si se confirma que tiene que pagar la nueva tasa verde, se le dedican pocos párrafos y de poca enjundia.
Con carácter general, dice el texto que se subvencionará la adquisición de vehículos con motores menos contaminantes del tipo euro 5 siempre que se sustituyan por otros de una antigüedad superior a los 10 años, una medida que tendrá muy poca efectividad “si tenemos en cuenta que el Euro 5 es obligatorio desde ya en España” y que “las ayudas a los vehículos ecológicos, siguiendo los dictados de la directivas de Bruselas, han bajado desde el 10 por ciento hasta los 3 ó 4 puntos de hoy”, explican expertos del sector, “por lo que poco o nada compensarían estas ayudas el aumento de la fiscalidad”.
En principio, el ferrocarril para carga aparece como el gran beneficiario del sector del transporte y la logística en la nueva Ley de Economía Sostenible, con un montante de 1.670 millones de euros a cargo del Adif hasta 2020 para adaptar los corredores de mercancías para la circulación de trenes de 750 metros y para eliminar los cuellos de botella en las cercanías a las grandes poblaciones.
Con cargo al nuevo fondo de economía sostenible, el Gobierno asegura que destinará 400 millones para mejorar los accesos ferroviarios a los puertos y una línea de crédito 1.200 millones para la construcción de apartaderos y centros de intercambio modal. También contempla subvenciones a los cánones ferroviarios, a la renovación de la flota de vagones y equipos, y ayudas económica directas por UTI transportada en trayectos intermodales de carácter internacional.