Un informe, fechado en octubre de 2005, confirma la existencia de indicios de delitos de ‘extorsión y asociación ilícita’ por parte de la anterior cúpula directiva del sindicato.
La Ertzaintza corrobora el papel de Sintrabi en el ‘cártel camionero’ del puerto de Bilbao. Un informe de la Jefatura de la Unidad de Investigación Criminal, fechado en octubre de 2005, confirma la existencia de indicios de delitos de ‘extorsión y asociación ilícita’ por parte de la anterior cúpula directiva del sindicato de transportis
La Policía Autónoma Vasca confirma la existencia de “indicios de la comisión de delitos relativos al mercado y a los consumidores, extorsión y asociación ilícita del vigente Código Penal” por parte de la anterior cúpula directiva de Sintrabi, sindicato que agrupa a la mayor parte de los transportistas que operan en el puerto de Bilbao, así como de otras personas vinculadas al mismo. Así se recoge en un informe de la Jefatura de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, al que ha tenido acceso este periódico.
El escrito, fechado el 19 de octubre de 2005, es fruto de la investigación policial llevada a cabo tras la denuncia presentada en septiembre de ese mismo año por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por presuntas prácticas delictivas en el puerto vasco contra las personas que entonces ocupaban los cargos directivos del sindicato. La denuncia recaló en la Audiencia Nacional, cuya investigación se encuentra bajo secreto de sumario.
El informe de la Ertzaintza, que incluye las llamadas más relevantes registradas en los teléfonos intervenidos de varios transportistas, corrobora que para acceder al puerto de Bilbao es necesario disponer de un número identificativo que el transportista debe colocar en un lugar visible de la cabina del camión, así como que “miembros del sindicato Sintrabi ejercen tareas de vigilancia y control en el interior del recinto portuario a fin de que se cumplan las condiciones laborales establecidas”. La Ertzaintza también señala que “se han registrado llamadas en las que se pone de manifiesto la existencia (…) de unas ‘plazas’ o ‘licencias’ ilícitas, que dan derecho a cargar/descargar en el recinto portuario”.
Según el informe, “estas ‘plazas’ o ‘licencias’, creadas por los propios sindicatos de transportes, cambian de manos, previo pago de una cantidad económica (alrededor de unos 80.000 euros), en función de algunas circunstancias (jubilación, no uso de las mismas, etc.), pero bajo la supervisión y autorización en su caso de algunos de los cargos directivos del sindicato”.
Igualmente, el escrito de la Policía Autónoma Vasca señala que “las ‘plazas’ o ‘licencias’ concedidas las otorga el sindicato y sobre sus transacciones se trata en las ‘mesas sectoriales’ que se reúnen en la propia sede sindical, pero en última instancia es el propio Felipe Ampudia del Moral, secretario general de esta organización, quien tiene la potestad de otorgar o cambiar estas ‘plazas’, registrándose conversaciones en las que, literalmente, le piden permiso para realizar dichos cambios”. La investigación policial constata igualmente que “entre las tareas llevadas a cabo por Sintrabi también se encuentra la de elaborar los marcos tarifarios en los que se establecen los precios para el transporte de mercancías por carretera”.
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