Los empresarios de transporte por carretera, desde los que tienen un sólo camión a los que tienen más de cien, lo tienen claro. Una operación de transporte no termina hasta que se cobra. La morosidad, no en vano, se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del sector. Los datos de actividad de las Juntas Arbitrales son contundentes. Las reclamaciones por impago, que se dispararon un 75 por ciento en 2009 tras el estallido de la crisis, supusieron en 2011 casi el 90 por ciento del total de litigios. El Observatorio permanente de la morosidad puesto en marcha por la organización sectorial Fenadismer también es esclarecedor. El 64 por ciento de los pagos que se realiza a las empresas de transporte incumple la legislación vigente, que fija el plazo máximo de pago a los 75 días desde la prestación del servicio en 2012, que se rebajará a 60 a partir del próximo año. La única nota positiva, que invita a la esperanza, es la disminución de los plazos de pago, que en octubre se situaron en 91 días de media frente a los 111 existentes en dicha fecha. Es cierto que, como dice el saber popular, más vale tarde que nunca. El transportista, probablemente, ya se dará por satisfecho si logra cobrar del cliente, aunque no hay que olvidar que le ha financiado todo ese tiempo, y gratis. Así las cosas, no es de extrañar que el pago a 30 días con sanciones por incumplimiento, al igual que en Francia, sea uno de los principales caballos de batalla del sector. Pero no hay que volverse loco, ni inventar nada nuevo. Bastaría con cumplir la Ley de Morosidad que existe en España. Ahora bien, las Administraciones deberían ser las primeras en dar ejemplo.
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