La última bala de la Administración contra el IV Acuerdo Marco de Estiba, convenio firmado por Anesco y Coordinadora, LAB y CIG y en tela de juicio por la presunta ilegalidad de su texto firmado el pasado mes de julio, ha sido disparada por la Comisión Nacional de Competencia al anunciar un expediente sancionador contra los firmantes por posibles restricciones a la libre competencia.
El organismo, haciéndole la cobertura a Fomento, ha iniciado la investigación de un convenio que aún no ha sido publicado en el BOE, y, que por tanto, no tiene validez legal. ¿Dónde estamos? Cierto es que Competencia puede investigar acuerdos entre partes, pero la duda es si lo que investiga como restrictivo se ha producido o si hay algo que debería revisar en Fomento. Por ejemplo, el artículo 1.1.d. de la Ley de Defensa de la Competencia de julio de 2007 señala que se prohíben “la aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros”.
Y es que Puertos del Estado no puede regular unas condiciones a unas empresas y a otras no. ¿Quién está en desventaja? Aquellas estibadoras que firmaron anteriores acuerdos marco y tienen unas condiciones mientras que las sujetas a pliegos de recepción y entrega (labores complementarias) tendrán otras. Pero, en el fondo, ¿recuerda Fomento un informe de Defensa de la Competencia de 1995?, que decía: “la situación óptima a alcanzar sería la desaparición de las sociedades estatales y la prestación del servicio por empresas privadas en régimen de libre concurrencia”.
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