La Euroviñeta, la tasa impulsada desde Bruselas destinada a que los transportistas paguen por el uso de la infraestructura, es una realidad que no tiene vuelta atrás. Países como Alemania, Suiza, Austria y la República Checa hace tiempo que la implantaron. En Francia, la aplicación en toda la red está prevista para 2012. En España, sin embargo, se sigue negando la mayor. No sólo las organizaciones sectoriales que, aunque con honrosas excepciones, se mantienen instaladas en su discurso decadente y trasnochado de amenazar con parar el país si se procede a la aplicación de la tasa, obviando entrar en un debate razonado y razonable para buscar fórmulas que minimicen el impacto de la aplicación de la Euroviñeta en los costes de los transportistas.
Esto último sí sería una novedad. Pero con ser preocupante el inmovilismo intelectual de los líderes de las principales organizaciones sectoriales del país (se entiende que estén en contra de la Euroviñeta en la actual situación de crisis, pero no se puede compartir que quieran poner puertas al campo), más preocupante es aún la estrategia que en este asunto está llevando el Gobierno de Zapatero, que continúa con su máxima de confundir la propaganda con hacer política.
El ministro de Fomento le está diciendo al sector que no tiene motivos para la preocupación, que la Euroviñeta no está en la agenda del Gobierno para la presente legislatura. Sin embargo, en ‘petit comitè’, Fomento reconoce que España equivocó su política en este tema durante la presidencia de la UE, que tenía que haber impulsado la Euroviñeta durante la misma para no ir ahora a remolque de la presidencia belga, que ha hecho de esta tasa su prioridad, y que no hay dineros públicos para seguir financiando carreteras. Esto último es la realidad de la situación. Sin embargo, las dos posiciones, la de las organizaciones y la del Gobierno, sólo servirán para complicar aún más la inevitable aplicación de la Directiva de Bruselas.
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