Los siete acusados ‘formaban un grupo organizado y con claro reparto de funciones para monopolizar, con evidente ánimo de lucro, el transporte en el puerto de Barcelona’.
La fiscalía pide penas por un total de 50 años de cárcel para la ex junta directiva y dos socios de Transcont, por los delitos de asociación ilícita y extorsión. Los siete acusados formaban un grupo perfectamente organizado y con claro reparto de funciones para monopolizar, con ánimo de lucro, el transporte en el puerto de Barcelona
La fiscalía de Barcelona ha acusado a la ex junta directiva y a dos socios de Transcont de asociación ilícita y extorsión, delitos por los que reclama penas por un total de 50 años de cárcel para los siete acusados y multas por un montante de 64.800 euros, además de tener que devolver los 402.000 euros de los que se apropiaron “de forma ilícita”. La acusación pública insta a la disolución de la asociación de transportistas autónomos que opera en el puerto de Barcelona y la declara responsable civil subsidiaria. El escrito fiscal, enviado al juzgado que ha instruido el sumario del caso, pide la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial contra los siete acusados.
Las penas son de ocho años de cárcel -cinco por extorsión y tres por asociación ilícita- a Antonio García, ex presidente de Transcont. Para el resto de acusados -Manuel Martorell, ex vicepresidente, Rafael Alcántara, ex secretario, los miembros de la junta directiva, Rafael Molina y José María Bragado, y los socios Luis Valverde y José Luis Pulido-, el fiscal pide siete años de prisión a cada uno. La Autoridad Portuaria de Barcelona asignó números que se colocaban en las cabinas de los camiones a las dos asociaciones de autónomos que operaban en el puerto de Barcelona en 2004, Transcont, la mayoritaria, y Ametraci, minoritaria, con el objetivo de distinguir a los transportistas de cada una y facilitar la entrada y salida de los camiones de ambas organizaciones de las terminales. Estos números, de color azul para los socios de Transcont y negro para los de Ametraci, no eran obligatorios, señala el escrito fiscal.
Al ser elegido presidente de Transcont, Antonio García, alias El Pistolas, ideó con Manuel Martorell la creación de una sociedad mercantil, BCN, que actuó como intermediaria, facturando y cobrando los servicios prestados por los transportistas de Transcont a las empresas de transporte. BCN “canalizaba así todo el flujo económico que generaban los autónomos”. Los siete acusados “crearon un ambiente de temor contra los autónomos no asociados a Transcont” con el objetivo de monopolizar el transporte de contenedores del puerto “con evidente ánimo de lucro”.
Los acusados, directamente o a través de terceros, amenazaban a los socios de Ametraci con daños personales o contra sus vehículos. Ante la quema de camiones y las amenazas, los socios de Ametraci decidieron disolver esta organización e integrarse en Transcont. Eso sí, tenían que firmar un contrato con Transcont, denominado contrato de colaboración y aportación de donación, que pasaba por pagar 6.000 euros a cambio del número identificativo de la asociación para entrar en el puerto. La única otra opción era alquilarlo por 180 euros al mes. Y es que Antonio García advertía a los transportistas de la obligatoriedad de entregar el dinero y de las “consecuencias perjudiciales que para ellos se derivarían” sino aceptaban el acuerdo.
Se trataba de un “contrato simulado” con el que, encima, los nuevos socios no adquirían los mismos derechos que los antiguos. “La importancia de la adquisición del número era evidente” porque se entraba a formar parte de Transcont, “la asociación que manejaba de forma dominante y bajo presión violenta el transporte en el puerto”. Además, la posesión del número “tenía un indudable valor económico ya que se podía negociar con él en su futura venta, bien como tal número o en unión del camión que lo portara”. Más de medio centenar de transportistas firmaron el fraudulento contrato y desembolsaron un total de 402.000 euros que fueron a parar directamente al bolsillo de los acusados.
Éstos “formaban un cuerpo perfectamente organizado y con claro reparto de funciones”: el ex presidente de Transcont y el antiguo vicepresidente dirigían todo el entramado y controlaban a los camioneros que no eran de Transcont, “recomendándoles, en tono intimidatorio, que se asociaran”. Los otros tres miembros de la junta directiva, Rafael Alcántara, Rafael Molina y José María Bragado, “instigaban a los socios de Ametraci y participaban en los actos violentos contra ellos”, con la ayuda de otros dos socios, Luis Valverde, alías Espinete, y José Luis Pulido, alías El Puma.
Estos dos últimos formaban parte del denominado comando de combate Semper Fidelis, “caracterizado por el uso de la violencia verbal contra los transportistas no asociados”. Ametraci -asociación que se volvió a reconstituir tras los hechos investigados-, que se presenta como acusación particular junto con la Autoridad Portuaria de Barcelona, amplía los delitos del fiscal a daños, coacciones y alteración del libre mercado contra la ex directiva de Transcont -no incluye a los socios José Luis Pulido y Luis Valverde-.
Además de otras multas, sólo por los daños materiales provocados por los acusados a los vehículos, reclama 682.663,89 euros. La investigación a la ex cúpula directiva de Transcont arrancó en mayo de 2006 a raíz de la operación emprendida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante las denuncias presentadas por la Autoridad Portuaria y Ametraci, y que llevó a la cárcel durante casi dos meses a García, Martorell y Bragado.
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