Acusa a nueve miembros de asociación ilícita por exigir a autónomos hasta 18.000 euros para trabajar en el interior del puerto de Valencia.
La fiscalía de Valencia ha solicitado penas de prisión de hasta seis años para nueve asociados y miembros de la anterior cúpula directiva de la asociación de autónomos Transcont, acusándoles de asociación ilícita por exigir a transportistas autónomos el pago de hasta 18.000 euros para trabajar en el interior del puerto de Valencia.
La fiscalía acaba de solicitar penas de prisión que oscilan entre los tres y seis años para la anterior cúpula directiva de Transcont, que presidía Alfredo Martínez, en el sumario abierto por las denuncias realizadas en marzo de 2005 por siete transportistas de la Asociación de Transportistas Portuarios Europeos (ATPE) contra once miembros de la asociación Transcont.
El escrito del ministerio público dirige su acusación contra Alfredo Martínez, expresidente, David Orduña, ex-vicepresidente, Juan Carlos Coy, exsecretario y actual director general de Loteu Logística (agencia de transportes creada por 345 asociados de Transcont), Carlos Buytrago, ex-tesorero y actual presidente, dos vocales y tres asociados más, por presuntos delitos de asociación ilícita, amenazas, coacciones y dos delitos de lesiones, aunque el fiscal no tipifica la misma pena para todos, según ha podido saber este periódico, dejando a dos de los imputados inicialmente sin cargos.
La fiscalía concluye así la investigación del caso que se inició el 5 de marzo de 2005 después de que los imputados, según el fiscal, irrumpieran en una asamblea de ATPE y se produjeran enfrentamientos físicos con los asistentes. El ministerio público reclama la disolución de Transcont, declarando a la misma como asociación ilícita, ya que los imputados “se concertaron para impedir el acceso al recinto portuario con amenazas y coacciones”, algo que ya estipuló la jueza del Juzgado de Instrucción número dos, al concluir que “los procesados exigían un impuesto para operar en el puerto de Valencia, de modo que sólo aquellos que pagaban tenían derecho a una pegatina con un número, que estaban obligados a lucir en sus camiones y que tenía un coste entre 3.300 y 18.000 euros”. Según la jueza, “Transcont controlaba vehículos y tarifas y copaba el sector para poder llegar a ser los únicos ofertantes”, llegando a patrullar “para intimidar a los transportistas e incluso amenazarles con que se atuviesen a las consecuencias de posibles daños a sus vehículos”.
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