Las patronales Anesco y Anave se muestran contrarias al borrador y Coordinadora afirma que atenta contra la libre negociación colectiva.
El anteproyecto de Ley de Puertos ha vuelto a encontrar una fuerte oposición del sector. Desde Anesco se señala que encarece los costes de la estiba, desde Anave que no reduce las tasas y penaliza los tráficos cautivos e insulares, mientras que Coordinadora afirma que abre la espita de la competencia desleal por el doble modelo de estiba
Las patronales y colectivos afectados por el contenido y las novedades del anteproyecto de modificación de la Ley de Puertos 48/2003, coinciden en señalar que “esta no es la Ley que necesita el negocio portuario en España para los próximos treinta años”. El anteproyecto, confeccionado por Puertos del Estado fue enviado a asociaciones, sindicatos y autoridades portuarias el pasado 17 de diciembre, pese a que el organismo público no había finalizado el periodo de consultas con los ministerios de Fomento, Economía y Trabajo, por lo que el documento remitido “no es un texto definitivamente cerrado”.
Desde Anesco y Anave se coincide en señalar “el paso atrás” que supone para la modernización del sector el articulado presentado por Puertos del Estado y el “poco tiempo” dado por el organismo público para realizar las alegaciones pertinentes en plenas fiestas navideñas y la imposibilidad de alargar el mismo, pese a las peticiones realizadas. El plazo de alegaciones finaliza el próximo 6 de enero, aunque el sector confía poco en que alguna de las alegaciones presentada sea tenida en cuenta por Puertos del Estado. De esta forma, desde las patronales Anesco y Anave, asi como desde el sindicato Coordinadora, se piensa más en poder presionar algunos remiendos en el articulado del anteproyecto a través de la negociación directa con los grupos parlamentarios que con Puertos del Estado.
El organismo público se mantiene cerrado en banda a realizar cualquier tipo de reunión y establecer negociaciones directas con las asociaciones del sector. Sólo hay que recordar las rotundas palabras de Mariano Navas a este periódico: “la opinión de los prestadores de servicios ya la conozco, contra más caro el puerto mejor”. Así las cosas, desde la patronal Anesco se califica de “barbaridad” la imposición de Puertos del Estado de que las estibadoras deban tener un 50 por ciento de personal fijo para negociar un convenio colectivo en el plazo de quince años, mientras que para el sindicato Coordinadora se señala que “lo que está pasando es que las empresas nos están devolviendo los fijos, porque el sistema es menos competitivo, porque se encarece”.
En este tema, Antolín Goya es claro: “el 25 por ciento de fijos lo tenemos desde 1986. Hoy el sistema ha derivado en no tener fijos precisamente porque es más atractiva la otra figura. En tiempos de crisis, plantear y reiterar la obligación de los fijos de empresa supone una carga extra a las estibadoras”, planteándose de “quién gana con la figura del fijo y quién lo pide”, pese a que con las APIEs los contratos son indefinidos. Idéntica postura comparte el presidente de Anesco, Javier Vidal, señalando que “si supiesen cuáles son las necesidades de las empresas, seguramente apostarían por otro tipo de figura”.
Asimismo, el líder de Coordinadora señala que “el tema del 50 por ciento para negociar un convenio colectivo es inconstitucional, entra en colisión con la libertad de negociación colectiva y no hay trámite parlamentario que lo supere. No tiene consistencia”. Por su parte, desde la Asociación de Navieros Españoles (Anave) se reitera la petición de un mecanismo “que evite que las autoridades portuarias aumenten excesivamente las tasas de los tráficos cautivos para atraer con rebajas comerciales a los tráficos de líneas regulares internacionales”, señalando que el nuevo anteproyecto “sólo permite hacer bonificaciones para incentivar la captación, fidelización y crecimiento de tráficos en contenedores, pesca congelada, productos hortofrutícolas, vehículos nuevos y pasajeros en cruceros”, por lo que “no es que algunas autoridades portuarias puedan tener la tentación de menospreciar a los tráficos cautivos sino que ya la propia ley lo hace”.
Por último, Anave constata que “desaparecen las bonificaciones a los tráficos insulares, lo que tendrá un impacto económico importantísimo”. matizando que “sea cual fuere la razón, debe ser defendible, de una u otra forma, un esquema que compense el coste de la insularidad y, en todo caso, no parece admisible que estos cambios puedan hacerse de un plumazo”.
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