Autónomos y empresas paran la actividad terrestre en el puerto de Barcelona como protesta por la multa de 20,41 millones del organismo supervisor a ALTC y Transcont.
La dirección general de Transportes, que dirige Pere Padrosa, está dispuesta a “hacer una aportación, en base a estadísticas, de que en los últimos tres años ha habido una apertura a la competencia en el transporte en el puerto de Barcelona”, si fuera el caso, a raíz de la última multa de la CNC a ALTC y Transcont Barcelona
La Generalitat está dispuesta a acreditar, si fuera el caso, que actualmente hay competencia en el transporte terrestre de contenedores en el puerto de Barcelona, ante la nueva multa, de 20,41 millones de euros, que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto a ALTC y Transcont por crear un cártel. “Estamos en disposición de poder hacer una aportación, en base a estadísticas, de que en los últimos tres años ha habido una apertura a la competencia muy positiva respecto a épocas anteriores”, según ha señalado Pere Padrosa, nuevo director general de Transportes y Movilidad.
Una prueba es que “el 30 por ciento de los operadores de transporte que cargan y descargan en la dársena no son del puerto”. La actividad terrestre de contenedores en la instalación quedó paralizada durante cinco días laborables, en la cuarta semana de enero, por el paro de los transportistas autónomos y de empresas de transporte en protesta por la multa de la CNC. El director general de Transportes intermedió en el conflicto. Durante la protesta, la operativa de carga y descarga de vehículos pesados en las terminales de contenedores fue residual, pese a que la Autoridad Portuaria de Barcelona garantizó la entrada y salida de convoyes de camiones del recinto con escolta policial, un dispositivo que se utilizó minoritariamente.
Aunque en un día normal hay más de 3.000 movimientos de camiones cargando y descargando contenedores, la huelga ni originó el colapso de las terminales ni el desvío significativo de tráficos hacia otros puertos, como ha pasado en otras protestas, sí hubo algún servicio ferroviario extra para sacar carga, según fuentes consultadas. Y ello debido a que el tráfico no es el que era antes de la crisis y que hay más espacio para los contenedores con la ampliación de TCB y la nueva terminal de Tercat en el muelle Prat. Como ya señaló este periódico en la anterior edición, la CNC multó con 15,21 millones de euros a ALTC, patronal del transporte de contenedores ahora inactiva (la mayoría de sus empresas han pasado a formar parte de la nueva organización ATEC), con 5,2 millones de euros a Cotraport (antigua Transcont) y con 100.000 euros a la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Eximió a la Asociación de Consignatarios, Ateia y al Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona. El organismo supervisor consideró probado que ALTC y Transcont acordaron fijar precios y repartirse el mercado. La multa “es injusta y pagarla supondría la desaparición del sector”, señalan desde Transcont. Para esta organización, Competencia “ha sancionado unos hechos que ya prejuzgó, el Proatrans, y que acabó con la terminación convencional (ver despiece)”.
En el mismo sentido se ha pronunciado la junta gestora de ALTC. “Nuestros asociados se limitaron a cumplir una normativa creada desde el puerto, cuyo objeto era mejorar la operativa del sector del transporte de contenedores”, señalan a través de un comunicado. La acción de la CNC “lo único que puede acarrear es la extinción de docenas de empresas”, añaden. “Ha habido multa porque el caso no es el mismo”, asegura la CNC. ALTC, Transcont y la Autoridad Portuaria han anunciado que recurrirán la multa ante la Audiencia Nacional. Las organizaciones de transportistas temen no poder hacer frente al aval que exigirá el alto tribunal para aceptar los recursos. La Audiencia “ha dado la razón a Competencia en el 100 por 100 de los casos de cárteles”, según la CNC. En Transcont, “no descartamos nuevas movilizaciones”.
Los otros dos casos resueltos por la CNC
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) resolvió, hace dos años, la terminación convencional del expediente sancionador abierto contra la Autoridad Portuaria de Barcelona y las asociaciones firmantes del plan de ordenación del transporte terrestre, el conocido como Proatrans. Transcont y ALTC eran dos de las nueve organizaciones que suscribieron el Proatrans. El organismo supervisor dio carpetazo al caso al considerar que se habían modificado los aspectos en entredicho del plan.
Es decir, se implantó un nuevo sistema de autorizaciones para el acceso de los camiones al puerto y se eliminaron los incentivos, entre otras medidas. Con anterioridad, en el año 2008, la CNCmultó, con 14,94millones de euros, a ALTC y Transcont por crear un cártel para repartirse el mercado. Ambas agotan la última instancia judicial que les queda, el Tribunal Supremo, tras desestimar la Audiencia Nacional los recursos que presentaron contra lamulta.
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