El transporte por carretera catalán, que considera que está más controlado que en el resto de España, pide mayor flexibilidad a la hora de aplicar la normativa que lo regula.
La policía autonómica aplica los mismos controles y la misma normativa al transporte catalán que las fuerzas de seguridad en el resto de España. Y no se va a relajar. Esmás, ampliará las inspecciones a la estiba de la carga. Los Mossos han sido pioneros en denunciar por la vía penal la manipulación de tacógrafos. El sector pide más flexibilidad
El transporte por carretera catalán lleva años denunciando que está más controlado que en el resto de España y que las autoridades de tráfico, que es una competencia autonómica, tiran por la escala más alta a la hora de aplicar las sanciones. Aunque el sector reclama más flexibilidad, el Servicio Catalán de Tránsito no va a cambiar la estrategia que sigue, que no es diferente a la que se lleva a cabo en el conjunto de España, aseguran sus responsables.
Es más, al catálogo de inspecciones que la policía autonómica hace a un camión cuando lo para en ruta, se añadirá este mismo año un nuevo control para revisar si la estiba de la carga es o no la correcta ya que ello influye en la seguridad vial, avanzó Andreu González, inspector de Circulación y Tráfico de los Mossos d’Esquadra, en una jornada sobre camiones y seguridad vial. La crisis que azota al transporte por carretera no es una excusa para relajar los controles a los que está sometido el sector y que son iguales en Cataluña que en el resto de España, según Tránsito.
Al transportista que atraviesa las carreteras catalanas ni se le aplica una regulación distinta ni se le persigue más, lo que hay es “más percepción de control de lo que puede haber en otro lugar”. El objetivo final “de todo lo que hacemos en materia de transporte es la seguridad vial y poner en evidencia algo que perjudica al sector”, añadió González, en referencia a la competencia desleal que provoca manipular el tacógrafo o no respetar los tiempos de conducción y descanso. El propio sector exige inspecciones en aras a la seguridad vial y a la competencia leal, ahora bien, si en el documento de control que tiene que llevar a bordo el transportista, “un elemento que no afecta a la seguridad vial”, falta un dato, “la multa ronda entre los 1.000 y los 2.000 euros”, señaló Eugenio Mañes, secretario general de Transcalit.
Y si el transportista, “en lugar de descansar los 45 minutos obligatorios, descansa 40 minutos, se considera una infracción de conducción continua”, lo que conlleva una multa de hasta 4.600 euros “por cinco minutos de diferencia”. Los Mossos d’Esquadra han sido los pioneros en España en denunciar por la vía penal la manipulación de los tacógrafos, que también aplican países como Gran Bretaña y Francia.
La normal, la administrativa, supone una multa de hasta 4.601 euros y seis puntos menos en el carné de conducir. Además, la penal puede acarrear entre seis meses y tres años de prisión. En determinadas circunstancias, los Mossos consideran la manipulación del tacógrafo un delito de falsificación documental (el disco diagrama es considerado documento público), lo que está tipificado en el Código Penal. “Somos muy cuidadosos, únicamente aplicamos el baremo penal cuando no hay ninguna duda que no es una avería”, asegura González. Y se optó por ella porque “detectamos comportamientos reiterados peligrosos, en los que la multa no era suficiente para evitar que se repitieran”.
Esta medida, en marcha desde mediados de 2007, “es tan eficaz que hemos pasado de un 30 por ciento de accidentes en los que estaban involucrados vehículos pesados en 2006, que no quiere decir que fueran culpables, al 11 por ciento actualmente”. La iniciativa de los Mossos la ha hecho suya el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, para extender la vía penal en determinados casos de manipulación del tacógrafo al resto de España.
Para el sector, si hay menos accidentes, ello se debe “a que ha descendido la actividad, se transporta menos, baja el consumo de gasóleo, hay menos tráfico en las carreteras y bajan los accidentes”, asegura Evaristo Magaña, presidente de Astac Condal. “Está bien que se persiga al infractor, pero la medida no debe ser un elemento más de persecución al conjunto del sector ya que el 99 por ciento o más cumple la legalidad”, asegura Adolfo Martínez, de AGTC. En eso sí, todas las partes coinciden en que los infractores son una minoría.
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