La Consejería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, que dirige Isabel Bonig, ha reconocido que no tiene solución financiera para abordar en solitario el coste del acceso norte al puerto de Valencia, un proyecto que los responsables autonómicos cifran hoy en 1.000 millones de euros.
La responsabilidad de su construcción recae desde 2005 en la institución autonómica que ideó en su protocolo con Fomento que el acceso por el norte a la dársena valenciana se construyera por concesión con peaje y que todas las administraciones ayudarán a suavizarlo con parte de fondos públicos.
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