Editorial  | 

La gobernanza portuaria, a examen

Los consejos de administración deben tomar un papel más relevante de la mano, tanto de los propietarios del suelo, la Autoridad Portuaria, como de los concesionarios y agentes que prestan servicios en el día a día de la actividad.

Junto a las cuestiones de sostenibilidad y digitalización, el principal objetivo del Marco Estratégico de Puertos del Estado, aprobado por el Gobierno en el año 2022, era el estudio de una nueva gobernanza para las autoridades portuarias, impulsando su papel y su cercanía a los sectores económicos que se juegan sus inversiones en los muelles. Una extensión del actual margen de maniobra que debería implicar a los agentes económicos y sociales para que puedan tener poder de decisión directo sobre el funcionamiento y explotación ordinaria de los puertos.

No queda otra que avanzar en la gobernanza portuaria, encontrando una fórmula moderna que permita gestionar los puertos de forma más rápida y con mayores recursos, dejando de lado una burocracia que impide, en muchas ocasiones, el éxito de la gestión de los equipos directivos de las autoridades portuarias.

Los consejos de administración deben tomar un papel más relevante de la mano, tanto de los propietarios del suelo, la Autoridad Portuaria, como de los concesionarios y agentes que prestan servicios en el día a día de la actividad.

De ahí que la próxima convocatoria de Puertos del Estado de una reunión de todas las autoridades portuarias, durante el presente mes de septiembre, cobre especial protagonismo dentro de un escenario industrial que cambia a diario, fruto de la globalización de navieras y terminales, con fusiones, adquisiciones y alianzas que han variado el sector sine die.

Los presidentes de las 28 autoridades portuarias, junto a Puertos del Estado, tienen ante sí la oportunidad de evaluar la actual gobernanza, examinar sus resultados y promover nuevos retos y desafíos que deberán ir de la mano de las patronales y empresas de un sector que necesita mayor transparencia. La necesidad de reforma de la Ley de Puertos o la urgencia de abaratar las tasas, tanto para los buques como las mercancías, junto a los precios que por el suelo pagan los concesionarios, son necesidades reales. Y, sin olvidar, que hay que centrar el tiro de la inversión. No todo vale. No todas las inversiones son estratégicas. El mercado termina por decidir lo viable. La política deberá centrarse en formalizar lo razonable y lo esencial. Y para eso, es necesaria otra gobernanza.